El texto original es un despliegue de datos necesario, aunque peca de ser demasiado amable con la gestión política. Le falta profundizar en quién exactamente firmó los recortes de mantenimiento mientras se inflaban las cifras de recaudación.
En el tablero político, hay jugadas que huelen a cerrado. Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP por Barcelona, ha decidido plantar a TVE con una contundencia que ya quisieran algunos para pagar las hipotecas. El motivo es un debate electoral, programado para el lunes 2 de noviembre, que la cadena pública ha decidido mover de sitio como quien mueve un mueble para tapar una mancha en la pared. La excusa oficial es el luto por el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado miércoles y que ha dejado decenas de víctimas. Pero aquí es donde la cosa se pone surrealista. El luto oficial terminó el sábado a las 23:59 horas. Es decir, que el lunes el calendario estaba limpio. Sin embargo, según Albiol, la representante del Partido Socialista soltó una perla digna de manual de autoayuda: que, aunque el luto oficial había expirado, persistía un 'luto psicológico'. Traducido al lenguaje de la calle: nos están vendiendo un 'estamos tristes' para evitar que el PSOE se enfrente al fuego cruzado en un momento donde la gestión de la tragedia ferroviaria quema. Es la clásica maniobra de ganar tiempo, como cuando el niño dice que no ha terminado los deberes porque 'estaba reflexionando sobre la materia'. Mientras laSexta movió su encuentro del 2 al 10 de noviembre con transparencia, Albiol ve en TVE el departamento de comunicación del PSC-PSOE. Con las elecciones generales del 29 de noviembre pisando los talones, Albiol ha puesto el límite. No piensa legitimar que la televisión pública actúe al dictado electoral. Si cambian la fecha, él no va. Sencillo. No quiere ser el actor secundario de un guion escrito en Moncloa para evitar que la sociedad catalana y española pregunte lo que tiene que preguntar mientras la herida de Urda sigue abierta.
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha pasado los últimos años vendiendo la emergencia climática como el Apocalipsis en versión premium, pero parece que en la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) el único clima que impera es el del abandono. Mientras el Ejecutivo se llena la boca con banderas verdes y tacha de negacionistas a quien no recite el manual, la realidad en el terreno es un chiste de mal gusto. Un observador meteorológico con más de tres décadas de vuelo ha decidido soltar la bomba: instalaciones que se caen a pedazos y equipos que mienten más que un político en campaña. Imagínate que intentas hacer la compra con una aplicación que te dice que el pan cuesta cien euros o que no existe. Pues así están los datos de la Aemet; el trabajador muestra pantallas tapadas con papeles para no equivocarse porque el sistema escupe información errónea. Un detalle encantador si pensamos que esos datos aterrizan en las torres de control aeroportuario. La seguridad aérea jugando al azar porque no hay presupuesto para un monitor que funcione. La gestión es, sencillamente, surrealista. Llevan tres años con el despacho del jefe vacante desde que el anterior se jubiló, dejando que los observadores hagan malabares administrativos sin formación. ¿La solución a la infraestructura ruinosa? Los propios empleados lijando y pintando la garita de instrumentos para que no se desplome, mientras la agencia solo ha puesto la pintura. Es como intentar arreglar un barco que se hunde poniendo una pegatina de 'estamos trabajando'. Lo más doloroso es la negligencia científica. Por no mover unos aparatos de radiación solar que ahora quedan en sombra debido a unos depósitos nuevos, se ha dinamitado una serie climatológica de viento de más de 80 años. Ochenta años de historia tirados a la basura por pura desidia. Pero no os preocupéis, que el dinero sí apareció para lo verdaderamente urgente: un nuevo logotipo. Porque claro, que la garita se caiga da igual, siempre y cuando la marca corporativa luzca moderna mientras el país se queda sin datos reales.
Hay quien dice que el poder es una puerta giratoria, pero lo de José Luis Rodríguez Zapatero parece más bien un servicio de conserjería VIP para rescatar aviones. La versión oficial, esa que se construye con palabras elegantes y silencios estratégicos, acaba de sufrir un aterrizaje forzoso. Resulta que 'Julito' Martínez, el hombre que hacía de escudo y testaferro, ha soltado la bomba: él no trajo el negocio de Plus Ultra a la mesa, fue el propio expresidente quien le pasó el teléfono. Traducido al lenguaje de la calle: Zapatero no era el consultor que recibía sugerencias, era el dueño del club que decidía quién entraba. El 16 de mayo de 2020, Julito recibió la llamada de Martínez Sola y Roselli, pero solo porque Zapatero ya le había avisado de que sonarían. Es la diferencia entre ser el camarero que sirve la copa y ser el dueño del local que decide el precio. El despliegue de ingeniería financiera es casi poético: Zapatero incluso sugirió enviar una carta al vicepresidente Cendoya del Banco Santander para agilizar un crédito ICO. Mientras el ciudadano medio lucha con la inflación y mira la cuenta bancaria con miedo, en la 'Sala Situacional Pula' se movían los hilos con la agilidad de un operador de bolsa. La UDEF ha dejado el rastro marcado: el 21 de octubre de 2020, Roselli menciona el cobro de una factura y, apenas cinco días después de que Zapatero se citara con la empresa, la Sepi empezaba a aceitar la maquinaria del rescate. Para el 26 de octubre, Plus Ultra ya estaba subsanando papeles para engullir la ayuda pública. El esquema es sencillo: contacto, factura, llamada al banco y dinero público cayendo como lluvia de mayo. Una coreografía perfecta donde el expresidente marcaba los pasos y Julito solo ponía la firma.
Hay una coreografía que ya conocemos. El Gobierno de Sánchez ha rescatado del armario el manual de los 'viernes sociales' —o 'viernes electorales', si prefieres la versión sin azúcar de la oposición— para decorar el camino hacia el 29 de noviembre. La jugada es tan vieja como el hilo negro: abrir el grifo del erario público justo cuando el ciudadano tiene el dedo en el gatillo del voto. Empecemos por el plato fuerte: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Quieren encasquetarnos una subida cercana al 5% para 2027, adelantando el calendario como quien intenta entregar los deberes el último día de clase para que el profesor no mire los errores. El problema es que este 5% se sitúa 1,5 puntos por encima del IPC estimado. Para el autónomo que lucha con la luz y el alquiler, esto no es una mejora social, es un sablazo en la factura de costes laborales que, tarde o temprano, acabará inflado el precio del café o la peluquería. Luego tenemos el truco de magia con las pensiones. El Gobierno anuncia la revalorización para diciembre, basándose en datos provisionales de noviembre. Lo irónico es que actualizar las pensiones según el IPC es una obligación legal, no un regalo del corazón del Ejecutivo, pero lo venden como una concesión generosa para seducir a más de nueve millones de pensionistas. A esto sumamos la ampliación de la pensión de viudedad para parejas no formalizadas, otra pincelada de generosidad con dinero ajeno. Mientras tanto, la realidad contable nos mira con desprecio: una deuda pública que roza el 100% del PIB. Es como tirar de tarjeta de crédito estando en números rojos para comprarse un traje nuevo antes de una cita. Al final, el banquete electoral lo pagan los impuestos presentes y futuros, porque las obligaciones de gasto no se borran mágicamente al cambiar la legislatura.
Prometer casas en España es hoy el deporte nacional favorito del Ejecutivo, una disciplina donde el marketing corre más rápido que las grúas. El 7 de septiembre, Pedro Sánchez nos vendió el 'Portal Casa 47' como la panacea habitacional, la gran transformación de la antigua SEPES en la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo de España. El discurso era música para los oídos de cualquiera que intente alquilar un zulo hoy en día: 800 viviendas ya disponibles y otras 1.500 llegando 'muy pronto' para repartirse por el mapa. Pero, como ocurre con las ofertas de 'envío gratis' que luego te cobran el sello, la letra pequeña es un agujero negro. El portal no abrió con 800 casas, sino con 638. Y ojo al detalle: ni una sola en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, el País Vasco o Las Palmas. De hecho, Andalucía, Aragón, Baleares o Castilla-La Mancha brillan por su ausencia. Es como anunciar un buffet libre y que, al llegar, solo haya pan y agua en tres provincias. Ha pasado más de mes y medio y el contador sigue congelado. Esas 1.500 viviendas prometidas parecen haber sufrido la misma evaporación que el millón de casas que Sánchez mencionó a David Broncano en 'La Revuelta', cuando la realidad contable dice que solo fueron 726.126 durante la legislatura. Mientras el PSOE lanza dardos contra los propietarios, en el patio trasero el aroma a hipocresía es intenso: nombres como Mercè Perea con 13 viviendas o Alicia Vanoostende con 10 demuestran que el 'estilo de vida' del gestor es muy distinto al del ciudadano que espera un piso. Casa 47 no es un plan de vivienda; es una cortina de humo con diseño web moderno.
Hay momentos en que la diplomacia parece un chiste de mal gusto contado en un funeral. La juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, acaba de recibir el 'álbum de recuerdos' más surrealista de la frontera: vídeos donde los gendarmes marroquíes no solo miran la invasión de Ceuta con la pasividad de quien espera el autobús, sino que coordinan el caos entre risas. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una cita previa, en la frontera los militares del Reino de Marruecos organizaban oleadas de inmigrantes como quien gestiona la cola de una promoción de zapatillas.
Imaginen que contratan un catering para una boda de 100.000 invitados y, al llegar el día, el proveedor les dice que solo ha traído comida para la mitad porque 'no estaba en el plan'. Así de surrealista ha sido la planificación eléctrica 2025/30 del Ministerio para la Transición Ecológica. Tras ocho meses de peleas y un informe de alarma lanzado por Carlos Novillo —quien, por cierto, ya ha hecho las maletas hacia el equipo de Feijóo—, la Comunidad de Madrid ha logrado que el Gobierno central rectifique. Ahora, 100.000 viviendas en zonas como Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte dejarán de ser ciudades fantasma sin enchufes. Pero no abran ya el champán. Mientras celebran que el Ministerio haya digerido las 2.566 alegaciones y aceptado dar capacidad para 6,5 gigavatios (la segunda cifra más alta de España, solo superada por Aragón), en Parla y Algete siguen mirando el techo. En Parla, la falta de 240 megavatios es como intentar llenar una piscina olímpica con un gotero: los proyectos de urbanización se quedan en el cajón porque no hay cables que aguanten el tirón. Algete y Fuente el Saz están en la misma cuerda floja. La hipocresía es deliciosa: queremos ser el hub tecnológico de Europa con 56 centros de datos y una inversión de 15.000 millones de euros que prometen hasta 24.000 empleos, pero la red eléctrica tiene la capacidad de una regleta barata de supermercado. Entre los 17 nuevos parques de subestaciones y los 173 kilómetros de líneas prometidos, el Gobierno regional siente que el reconocimiento llega con dos años de retraso. Al final, la luz llega, pero el ritmo es el de una administración que prefiere poner restricciones antes que soltar el presupuesto para que Madrid no se quede a oscuras mientras intenta jugar en la liga de la Inteligencia Artificial.
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