Crítica:
La noticia es un despliegue de evidencias, pero brilla por su ausencia de consecuencias políticas inmediatas. Se limita a narrar el envío de pruebas sin cuestionar la inacción previa de la Delegación del Gobierno.
La juez Tardón recibe vídeos de gendarmes marroquíes entre risas y dando órdenes durante la invasión
Risas y caos: el 'manual' marroquí
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Sánchez y el 'shopping' electoral con tu dinero
Hay una coreografía que ya conocemos. El Gobierno de Sánchez ha rescatado del armario el manual de los 'viernes sociales' —o 'viernes electorales', si prefieres la versión sin azúcar de la oposición— para decorar el camino hacia el 29 de noviembre. La jugada es tan vieja como el hilo negro: abrir el grifo del erario público justo cuando el ciudadano tiene el dedo en el gatillo del voto. Empecemos por el plato fuerte: el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Quieren encasquetarnos una subida cercana al 5% para 2027, adelantando el calendario como quien intenta entregar los deberes el último día de clase para que el profesor no mire los errores. El problema es que este 5% se sitúa 1,5 puntos por encima del IPC estimado. Para el autónomo que lucha con la luz y el alquiler, esto no es una mejora social, es un sablazo en la factura de costes laborales que, tarde o temprano, acabará inflado el precio del café o la peluquería. Luego tenemos el truco de magia con las pensiones. El Gobierno anuncia la revalorización para diciembre, basándose en datos provisionales de noviembre. Lo irónico es que actualizar las pensiones según el IPC es una obligación legal, no un regalo del corazón del Ejecutivo, pero lo venden como una concesión generosa para seducir a más de nueve millones de pensionistas. A esto sumamos la ampliación de la pensión de viudedad para parejas no formalizadas, otra pincelada de generosidad con dinero ajeno. Mientras tanto, la realidad contable nos mira con desprecio: una deuda pública que roza el 100% del PIB. Es como tirar de tarjeta de crédito estando en números rojos para comprarse un traje nuevo antes de una cita. Al final, el banquete electoral lo pagan los impuestos presentes y futuros, porque las obligaciones de gasto no se borran mágicamente al cambiar la legislatura.
Casa 47: Promesas de humo y pisos invisibles
Prometer casas en España es hoy el deporte nacional favorito del Ejecutivo, una disciplina donde el marketing corre más rápido que las grúas. El 7 de septiembre, Pedro Sánchez nos vendió el 'Portal Casa 47' como la panacea habitacional, la gran transformación de la antigua SEPES en la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo de España. El discurso era música para los oídos de cualquiera que intente alquilar un zulo hoy en día: 800 viviendas ya disponibles y otras 1.500 llegando 'muy pronto' para repartirse por el mapa. Pero, como ocurre con las ofertas de 'envío gratis' que luego te cobran el sello, la letra pequeña es un agujero negro. El portal no abrió con 800 casas, sino con 638. Y ojo al detalle: ni una sola en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, el País Vasco o Las Palmas. De hecho, Andalucía, Aragón, Baleares o Castilla-La Mancha brillan por su ausencia. Es como anunciar un buffet libre y que, al llegar, solo haya pan y agua en tres provincias. Ha pasado más de mes y medio y el contador sigue congelado. Esas 1.500 viviendas prometidas parecen haber sufrido la misma evaporación que el millón de casas que Sánchez mencionó a David Broncano en 'La Revuelta', cuando la realidad contable dice que solo fueron 726.126 durante la legislatura. Mientras el PSOE lanza dardos contra los propietarios, en el patio trasero el aroma a hipocresía es intenso: nombres como Mercè Perea con 13 viviendas o Alicia Vanoostende con 10 demuestran que el 'estilo de vida' del gestor es muy distinto al del ciudadano que espera un piso. Casa 47 no es un plan de vivienda; es una cortina de humo con diseño web moderno.
Madrid: 100.000 casas con luz, pero Parla resiste
Imaginen que contratan un catering para una boda de 100.000 invitados y, al llegar el día, el proveedor les dice que solo ha traído comida para la mitad porque 'no estaba en el plan'. Así de surrealista ha sido la planificación eléctrica 2025/30 del Ministerio para la Transición Ecológica. Tras ocho meses de peleas y un informe de alarma lanzado por Carlos Novillo —quien, por cierto, ya ha hecho las maletas hacia el equipo de Feijóo—, la Comunidad de Madrid ha logrado que el Gobierno central rectifique. Ahora, 100.000 viviendas en zonas como Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte dejarán de ser ciudades fantasma sin enchufes. Pero no abran ya el champán. Mientras celebran que el Ministerio haya digerido las 2.566 alegaciones y aceptado dar capacidad para 6,5 gigavatios (la segunda cifra más alta de España, solo superada por Aragón), en Parla y Algete siguen mirando el techo. En Parla, la falta de 240 megavatios es como intentar llenar una piscina olímpica con un gotero: los proyectos de urbanización se quedan en el cajón porque no hay cables que aguanten el tirón. Algete y Fuente el Saz están en la misma cuerda floja. La hipocresía es deliciosa: queremos ser el hub tecnológico de Europa con 56 centros de datos y una inversión de 15.000 millones de euros que prometen hasta 24.000 empleos, pero la red eléctrica tiene la capacidad de una regleta barata de supermercado. Entre los 17 nuevos parques de subestaciones y los 173 kilómetros de líneas prometidos, el Gobierno regional siente que el reconocimiento llega con dos años de retraso. Al final, la luz llega, pero el ritmo es el de una administración que prefiere poner restricciones antes que soltar el presupuesto para que Madrid no se quede a oscuras mientras intenta jugar en la liga de la Inteligencia Artificial.
AVE: ¿Fallo humano o chiste nacional?
El ministro Óscar Puente tiene un don especial: la velocidad. No hablamos de la del AVE, sino de la rapidez con la que señaló al 'fallo humano' en menos de cuatro horas tras la tragedia de Urda. Con la agilidad de quien quiere cerrar un grifo que inunda el salón, el Gobierno filtró audios de un operario de Atocha para dejar claro que la culpa era de alguien que pulsó un botón mal. Pero aquí viene el problema: la realidad no se puede filtrar tan fácilmente como un audio de WhatsApp. Si nos ponemos estrictos y miramos el Real Decreto 664/2015 (ese que los políticos leen solo cuando el juez les pide que lo hagan), la página 38 es muy clara. Si el sistema de seguridad LZB falla, el maquinista puede reanudar la marcha, pero a paso de tortuga: máximo 40 km/h. Es una norma con rango legal, no una sugerencia de cortesía. Por tanto, o el sistema LZB funcionaba (y entonces el choque es un milagro inverso), o volvió a fallar y el tren superó los 40 km/h ignorando el protocolo del BOE. En cualquier escenario, el 'fallo humano' es la cortina de humo perfecta para tapar un desastre estructural. Mientras tanto, las cifras nos dan un bofetón de realidad. España ha pasado de presumir de vanguardia a concentrar el 72,6% de las muertes mundiales en líneas exclusivas de alta velocidad. Con 115 fallecidos entre Adamuz y Urda, hemos superado a China (41 muertes) y dejamos a Italia (2 muertes) como aficionados. Japón, Francia y Alemania miran desde la barrera sin víctimas. Es una estadística demoledora que convierte nuestro orgullo ferroviario en un agujero de seguridad donde el protocolo parece ser una sugerencia opcional y la responsabilidad, un balón que el Ministerio juega para que no caiga en su tejado.
Voto nacionalizado: el nuevo motor de izquierda
En el tablero electoral, hay una jugada que los analistas de despacho suelen mirar con el mismo pánico que un autónomo mira la declaración de la renta. No es una conspiración, es aritmética pura y dura. Según el INE, tenemos ya a 3.370.854 personas con pasaporte español nacidas fuera, lo que representa el 8 % de la población. Pero vamos a traducir esto al lenguaje de la calle: estamos hablando de que, para el 29-N, habrá unos 2.830.000 votantes nacionalizados, medio millón más que en 2023. Un crecimiento del 24 % que no es moco de pavo; es como si, de repente, tu factura de la luz subiera un cuarto sin que hayas encendido ni una bombilla. La distribución es el verdadero salseo. Mientras en Santa Cruz de Tenerife los nacionalizados pesan un 13,4 %, en Madrid el dato es del 12,4 % y en Barcelona del 11,0 %. Hay provincias donde el crecimiento ha sido una explosión: Toledo ha subido un 42 % y Segovia un 39 %. Para que nos entendamos, hay más ecuatorianos nacionalizados (340.471) que habitantes en toda la provincia de Salamanca, y más marroquíes con pasaporte español (297.559) que gente en Guadalajara. Es un cambio de guardia demográfico que redefine el reparto de escaños. ¿Y hacia dónde sopla el viento? El análisis de los microdatos del CIS es un jarro de agua fría para la derecha. Salvo en el grupo de Venezuela, Cuba y Rumanía —donde PP y Vox logran rascar más del 50 %—, la balanza se inclina hacia la izquierda. El 63 % de los dominicanos y el 61 % de marroquíes y hondureños miran hacia el PSOE, Sumar y Podemos. En Ecuador, Argentina y Perú, la hegemonía de la izquierda también supera el 50 %. Básicamente, el censo ha crecido y el color del voto parece venir con un tinte muy específico.
AVE de lujo mientras las vías fallan
Hay una lógica perversa en la gestión de Óscar Puente que es fascinante y aterradora a la vez. Mientras el país aún procesaba la tragedia de Adamuz y el sistema de seguridad de la línea Madrid-Andalucía seguía anclado en 1992 —una reliquia tecnológica que ya pedía la jubilación en 2021—, el Ministerio de Transportes decidió que lo más urgente era tirar la casa por la ventana en el sureste. No es que faltara dinero, es que el dinero tenía prioridades: el cemento nuevo siempre brilla más que el mantenimiento aburrido. Para que nos entendamos, mientras el mantenimiento ferroviario agonizaba con más de 115 fallecidos en diez meses, el Gobierno se permitió un 'shopping' de infraestructuras en Almería y Murcia. Empezaron fuerte con 108,2 millones de euros para 62 kilómetros de vía entre Lorca y Vera. Luego, como quien añade un extra en el menú, soltaron 31,5 millones para Vera-Almería y 38 millones para Nonduermas-Lorca San Diego. Total: una inversión estimada de 186,17 millones de euros solo para 2026, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un chiste de mal gusto. Lo más surrealista es el despliegue de 'tecnología punta' (ERTMS) anunciada el 17 de febrero de 2026 para un AVE que ni siquiera tenía las vías puestas. Es como comprarse el último iPhone cuando aún no tienes electricidad en casa. A esto sumamos una base de mantenimiento en Níjar por 28,53 millones y una estación en Vera-Almanzora por 15,69 millones, convenientemente situada a 17 kilómetros del apartamento de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Mojácar. Mientras tanto, Luis Pedro Marco de la Peña, al frente de Adif AV, sumaba otros 33,37 millones en 2026 y una ristra de consultorías y traviesas que en 2025 ya sumaban más de 23 millones. Todo esto ocurre mientras los ministros 'recargan pilas' en la costa almeriense, ignorando que el verdadero problema no es dónde llega el tren, sino que los que ya circulan se caigan a pedazos.
Estación de 253 millones: lujo y muro
Hay que tener una capacidad de malabarismo mental admirable para firmar ante notario que vas a enterrar las vías del tren y acabar gastando 253 millones de euros en una estación que, básicamente, deja el muro intacto. Óscar Puente, el ministro de Transportes y vecino de Valladolid, ha diseñado un proyecto para 2029 que es el equivalente urbanístico a comprarse un Ferrari pero dejar que la puerta del garaje siga bloqueando la entrada a casa. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con pánico, el Estado se gasta esa cifra en una terminal moderna que condiciona para siempre el soterramiento, según Adif. La jugada tiene un tinte geopolítico de barrio que roza lo surrealista. Las vías parten la ciudad en dos, aislando los feudos históricos del PSOE en el este. Hablamos de 92.000 personas —un tercio de la población de los 300.000 vecinos de la capital del Pisuerga— que siguen transitando por túneles que parecen el escenario de una película de terror de bajo presupuesto: viejos, sucios y con una sensación de seguridad nula al caer el sol. Barrios como La Pilarica, Pajarillos y Las Delicias, este último con 55.000 habitantes (más que Segovia o Soria), siguen viviendo en el 'lado equivocado' del muro ferroviario. La hipocresía es el plato fuerte. Puente predica movilidad sostenible en foros internacionales, pero en su propia casa aplica la técnica del 'maquillaje': una fachada brillante para ocultar que el trayecto de un minuto a pie sigue llevando diez. El Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y hasta socialistas como Cecilio Vadillo están en pie de guerra. El 29 de noviembre, los votantes del este decidirán si este 'regalo' de 253 millones es una inversión en modernidad o simplemente un monumento al olvido de quienes prometieron el soterramiento y entregaron más túneles.
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