El texto es un ejercicio de equilibrismo político que maquilla la negligencia técnica inicial como una 'victoria' regional. Omite explicar por qué el Ministerio ignoró inicialmente desarrollos urbanísticos tan masivos, tratando el error como un simple descuido administrativo.
Prometer casas en España es hoy el deporte nacional favorito del Ejecutivo, una disciplina donde el marketing corre más rápido que las grúas. El 7 de septiembre, Pedro Sánchez nos vendió el 'Portal Casa 47' como la panacea habitacional, la gran transformación de la antigua SEPES en la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo de España. El discurso era música para los oídos de cualquiera que intente alquilar un zulo hoy en día: 800 viviendas ya disponibles y otras 1.500 llegando 'muy pronto' para repartirse por el mapa. Pero, como ocurre con las ofertas de 'envío gratis' que luego te cobran el sello, la letra pequeña es un agujero negro. El portal no abrió con 800 casas, sino con 638. Y ojo al detalle: ni una sola en Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, el País Vasco o Las Palmas. De hecho, Andalucía, Aragón, Baleares o Castilla-La Mancha brillan por su ausencia. Es como anunciar un buffet libre y que, al llegar, solo haya pan y agua en tres provincias. Ha pasado más de mes y medio y el contador sigue congelado. Esas 1.500 viviendas prometidas parecen haber sufrido la misma evaporación que el millón de casas que Sánchez mencionó a David Broncano en 'La Revuelta', cuando la realidad contable dice que solo fueron 726.126 durante la legislatura. Mientras el PSOE lanza dardos contra los propietarios, en el patio trasero el aroma a hipocresía es intenso: nombres como Mercè Perea con 13 viviendas o Alicia Vanoostende con 10 demuestran que el 'estilo de vida' del gestor es muy distinto al del ciudadano que espera un piso. Casa 47 no es un plan de vivienda; es una cortina de humo con diseño web moderno.
Hay momentos en que la diplomacia parece un chiste de mal gusto contado en un funeral. La juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3, acaba de recibir el 'álbum de recuerdos' más surrealista de la frontera: vídeos donde los gendarmes marroquíes no solo miran la invasión de Ceuta con la pasividad de quien espera el autobús, sino que coordinan el caos entre risas. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una cita previa, en la frontera los militares del Reino de Marruecos organizaban oleadas de inmigrantes como quien gestiona la cola de una promoción de zapatillas.
El ministro Óscar Puente tiene un don especial: la velocidad. No hablamos de la del AVE, sino de la rapidez con la que señaló al 'fallo humano' en menos de cuatro horas tras la tragedia de Urda. Con la agilidad de quien quiere cerrar un grifo que inunda el salón, el Gobierno filtró audios de un operario de Atocha para dejar claro que la culpa era de alguien que pulsó un botón mal. Pero aquí viene el problema: la realidad no se puede filtrar tan fácilmente como un audio de WhatsApp. Si nos ponemos estrictos y miramos el Real Decreto 664/2015 (ese que los políticos leen solo cuando el juez les pide que lo hagan), la página 38 es muy clara. Si el sistema de seguridad LZB falla, el maquinista puede reanudar la marcha, pero a paso de tortuga: máximo 40 km/h. Es una norma con rango legal, no una sugerencia de cortesía. Por tanto, o el sistema LZB funcionaba (y entonces el choque es un milagro inverso), o volvió a fallar y el tren superó los 40 km/h ignorando el protocolo del BOE. En cualquier escenario, el 'fallo humano' es la cortina de humo perfecta para tapar un desastre estructural. Mientras tanto, las cifras nos dan un bofetón de realidad. España ha pasado de presumir de vanguardia a concentrar el 72,6% de las muertes mundiales en líneas exclusivas de alta velocidad. Con 115 fallecidos entre Adamuz y Urda, hemos superado a China (41 muertes) y dejamos a Italia (2 muertes) como aficionados. Japón, Francia y Alemania miran desde la barrera sin víctimas. Es una estadística demoledora que convierte nuestro orgullo ferroviario en un agujero de seguridad donde el protocolo parece ser una sugerencia opcional y la responsabilidad, un balón que el Ministerio juega para que no caiga en su tejado.
En el tablero electoral, hay una jugada que los analistas de despacho suelen mirar con el mismo pánico que un autónomo mira la declaración de la renta. No es una conspiración, es aritmética pura y dura. Según el INE, tenemos ya a 3.370.854 personas con pasaporte español nacidas fuera, lo que representa el 8 % de la población. Pero vamos a traducir esto al lenguaje de la calle: estamos hablando de que, para el 29-N, habrá unos 2.830.000 votantes nacionalizados, medio millón más que en 2023. Un crecimiento del 24 % que no es moco de pavo; es como si, de repente, tu factura de la luz subiera un cuarto sin que hayas encendido ni una bombilla. La distribución es el verdadero salseo. Mientras en Santa Cruz de Tenerife los nacionalizados pesan un 13,4 %, en Madrid el dato es del 12,4 % y en Barcelona del 11,0 %. Hay provincias donde el crecimiento ha sido una explosión: Toledo ha subido un 42 % y Segovia un 39 %. Para que nos entendamos, hay más ecuatorianos nacionalizados (340.471) que habitantes en toda la provincia de Salamanca, y más marroquíes con pasaporte español (297.559) que gente en Guadalajara. Es un cambio de guardia demográfico que redefine el reparto de escaños. ¿Y hacia dónde sopla el viento? El análisis de los microdatos del CIS es un jarro de agua fría para la derecha. Salvo en el grupo de Venezuela, Cuba y Rumanía —donde PP y Vox logran rascar más del 50 %—, la balanza se inclina hacia la izquierda. El 63 % de los dominicanos y el 61 % de marroquíes y hondureños miran hacia el PSOE, Sumar y Podemos. En Ecuador, Argentina y Perú, la hegemonía de la izquierda también supera el 50 %. Básicamente, el censo ha crecido y el color del voto parece venir con un tinte muy específico.
Hay una lógica perversa en la gestión de Óscar Puente que es fascinante y aterradora a la vez. Mientras el país aún procesaba la tragedia de Adamuz y el sistema de seguridad de la línea Madrid-Andalucía seguía anclado en 1992 —una reliquia tecnológica que ya pedía la jubilación en 2021—, el Ministerio de Transportes decidió que lo más urgente era tirar la casa por la ventana en el sureste. No es que faltara dinero, es que el dinero tenía prioridades: el cemento nuevo siempre brilla más que el mantenimiento aburrido. Para que nos entendamos, mientras el mantenimiento ferroviario agonizaba con más de 115 fallecidos en diez meses, el Gobierno se permitió un 'shopping' de infraestructuras en Almería y Murcia. Empezaron fuerte con 108,2 millones de euros para 62 kilómetros de vía entre Lorca y Vera. Luego, como quien añade un extra en el menú, soltaron 31,5 millones para Vera-Almería y 38 millones para Nonduermas-Lorca San Diego. Total: una inversión estimada de 186,17 millones de euros solo para 2026, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico parezca un chiste de mal gusto. Lo más surrealista es el despliegue de 'tecnología punta' (ERTMS) anunciada el 17 de febrero de 2026 para un AVE que ni siquiera tenía las vías puestas. Es como comprarse el último iPhone cuando aún no tienes electricidad en casa. A esto sumamos una base de mantenimiento en Níjar por 28,53 millones y una estación en Vera-Almanzora por 15,69 millones, convenientemente situada a 17 kilómetros del apartamento de Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Mojácar. Mientras tanto, Luis Pedro Marco de la Peña, al frente de Adif AV, sumaba otros 33,37 millones en 2026 y una ristra de consultorías y traviesas que en 2025 ya sumaban más de 23 millones. Todo esto ocurre mientras los ministros 'recargan pilas' en la costa almeriense, ignorando que el verdadero problema no es dónde llega el tren, sino que los que ya circulan se caigan a pedazos.
Hay que tener una capacidad de malabarismo mental admirable para firmar ante notario que vas a enterrar las vías del tren y acabar gastando 253 millones de euros en una estación que, básicamente, deja el muro intacto. Óscar Puente, el ministro de Transportes y vecino de Valladolid, ha diseñado un proyecto para 2029 que es el equivalente urbanístico a comprarse un Ferrari pero dejar que la puerta del garaje siga bloqueando la entrada a casa. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta bancaria con pánico, el Estado se gasta esa cifra en una terminal moderna que condiciona para siempre el soterramiento, según Adif. La jugada tiene un tinte geopolítico de barrio que roza lo surrealista. Las vías parten la ciudad en dos, aislando los feudos históricos del PSOE en el este. Hablamos de 92.000 personas —un tercio de la población de los 300.000 vecinos de la capital del Pisuerga— que siguen transitando por túneles que parecen el escenario de una película de terror de bajo presupuesto: viejos, sucios y con una sensación de seguridad nula al caer el sol. Barrios como La Pilarica, Pajarillos y Las Delicias, este último con 55.000 habitantes (más que Segovia o Soria), siguen viviendo en el 'lado equivocado' del muro ferroviario. La hipocresía es el plato fuerte. Puente predica movilidad sostenible en foros internacionales, pero en su propia casa aplica la técnica del 'maquillaje': una fachada brillante para ocultar que el trayecto de un minuto a pie sigue llevando diez. El Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y hasta socialistas como Cecilio Vadillo están en pie de guerra. El 29 de noviembre, los votantes del este decidirán si este 'regalo' de 253 millones es una inversión en modernidad o simplemente un monumento al olvido de quienes prometieron el soterramiento y entregaron más túneles.
Resulta fascinante observar cómo funciona la maquinaria del Estado: primero te cortan el grifo y luego, tras un par de años de jugar al gato y al ratón, te anuncian con solemnidad que te dejarán abrir la llave. Pedro Sánchez ha decidido, en un alarde de generosidad administrativa, rectificar la planificación eléctrica para que Madrid pueda levantar más de 100.000 viviendas. Básicamente, el Gobierno central se había olvidado de que para que una casa sea habitable hace falta más que cuatro paredes y un contrato de hipoteca; hace falta electricidad. Es como si te vendieran un coche deportivo pero se olvidaran de ponerle el depósito de gasolina durante dos años. La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al mando y el recién estrenado José María García Gómez en la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, ha tenido que hacer un trabajo de insistencia digno de un teleoperador persistente para que el Ministerio para la Transición Ecológica admitiera que Valdecarros, Los Ahijones, Los Berrocales y Madrid Nuevo Norte no funcionan con velas. El borrador inicial del Ministerio, presentado hace un año, ignoraba estas necesidades. Una 'omisión' técnica que, en la calle, se traduce en grúas paradas y familias esperando un techo que no llega. Pero ojo, que el papel lo aguanta todo. Mientras celebran el avance, la cautela manda porque en Parla —donde faltan 240 megavatios— y Algete la luz sigue siendo una promesa electoral. Y no es solo el sueño de la primera vivienda; hablamos de un agujero estratégico que pone en riesgo 56 proyectos industriales y tecnológicos. Estamos hablando de 15.000 millones de euros en inversiones y hasta 24.000 empleos que dependen de que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, y el viceconsejero Rafael García se pongan de acuerdo en que la inteligencia artificial y la nube no se alimentan de buenas intenciones, sino de voltios.
Comentarios