Crítica:
El texto original es puro combustible electoral con un tono hagiográfico hacia Puigdemont. Carece de contraste con la versión del Gobierno, limitándose a reproducir la narrativa del 'ganador' del chantaje.
El texto original es puro combustible electoral con un tono hagiográfico hacia Puigdemont. Carece de contraste con la versión del Gobierno, limitándose a reproducir la narrativa del 'ganador' del chantaje.
Hay quien gasta el presupuesto mensual en un menú del día y quien, como el Gobierno, decide soltar 7.000.455 euros en un abrir y cerrar de ojos para alquilar 61.603 smartphones Android. No son móviles para que los escrutadores jueguen al Candy Crush, sino máquinas de 'máxima potencia' con 128 GB de almacenamiento, pantallas de 6,6 pulgadas y cámaras de 50 megapíxeles. Un despliegue técnico que haría palidecer a cualquier gamer, pero destinado a una tarea que, según el pliego, debe hacerse 'sin conexión a ninguna red externa'. Aquí es donde la lógica se va de vacaciones. El contrato ECG/21/2026, firmado el 21 de octubre por Carmen López García con Telefónica Defensa y Seguridad, es un ejercicio de equilibrismo mental: exigen que los móviles no se conecten a nada, pero pagan por líneas de datos, geolocalización y un control remoto que permite ver la pantalla en tiempo real. Es como comprar un coche blindado para ir al garaje de al lado, pero insistir en que tenga GPS satelital y control desde la NASA por si acaso. El Tribunal Supremo, que no se ha tragado el cuento, ha dado dos días de plazo para que Interior certifique que estos trastos son seguros. Mientras tanto, el informe del comisario Juan Carlos González Carvajal es un ejemplo de 'lavado de manos' profesional: dice que el verificador QR funciona, pero no suelta ni una palabra sobre si el resto del teléfono es un colador de datos. Al final, nos venden una seguridad de categoría ALTA mientras el Gobierno envía un único teléfono de muestra a la JEC, sin marca ni modelo, como quien entrega una pieza de Lego para explicar cómo funciona un rascacielos. Siete millones de euros por un misterio tecnológico que ahora debe justificarse ante la justicia.
Hay una lógica perversa en la gestión pública: si algo funciona, cámbialo por algo más barato y reza para que no pase nada. El Ministerio de Igualdad, bajo el mando de Irene Montero, decidió aplicar esta máxima al sistema de pulseras telemáticas para maltratadores. La jugada era sencilla, casi de mercadillo: pasar de un modelo de 'pago por uso' (que costaba unos 79,7 millones de euros) a una compra directa de 9.550 dispositivos por 44,5 millones. Un ahorro de unos 35 millones de euros que, en el papel, parece una gestión brillante, pero que en la calle se traduce en una ruleta rusa para las víctimas. El resultado es desolador. Mientras el Gobierno celebraba el recorte en la factura, el Tribunal de Cuentas detectaba que el sistema era, sencillamente, deficiente. Hablamos de baterías que mueren antes de tiempo, errores de geolocalización que permiten que el agresor y la víctima se crucen sin que salte la alarma y dispositivos que los maltratadores rompen como si fueran juguetes chinos. Lo más surrealista es que la Fiscalía General del Estado ya alertaba de una avalancha de absoluciones judiciales porque las pruebas telemáticas eran un coladero de fallos. Para colmo, el trasvase de datos entre la empresa antigua y la nueva tuvo una nota mediocre de 3,6, un suspenso rotundo que borró registros críticos de quebrantamientos de alejamiento. ¿El motivo del cambio? Además del ahorro, parece que el origen israelí de los componentes antiguos no encajaba en la agenda ideológica. Al final, la Fiscalía Europea y la UCO de la Guardia Civil ahora rastrean un posible fraude con fondos comunitarios. En resumen: se ahorraron el dinero de unos cuantos alquileres de lujo en Madrid, pero dejaron la seguridad de las mujeres en manos de un hardware que no da la talla.
Badajoz ha dejado de ser una ciudad para convertirse en el patio de recreo de sicarios con moto y agendas políticas sospechosas. Este miércoles, a las 11:00 horas, la calle Nicolás López de Velasco se transformó en una escena de película de serie B: un encapuchado, tres disparos y un hombre de 69 años muerto en el acto mientras su mujer recibía un balazo en la mano. El motivo es la definición perfecta de tragedia absurda: el hijo, un tal Daniel G. M., tenía cuentas pendientes con el clan de Los Rochos. Básicamente, el chico cometió el error de jugar al póker con quien no tiene piedad y sus padres terminaron pagando la factura con la vida. Lo verdaderamente fascinante, si es que podemos llamar así a este lodazal, es que Los Rochos no son solo matones de barrio que se reparten la Plaza de El Pirulo. Resulta que este clan, que ahora libra una guerra de clanes donde llevan la delantera 'dos a uno' contra el grupo de El Cristo, ha estado en el radar de la llamada 'cloaca del PSOE'. No es que hayan compartido un café, es que el ex juez condenado Luis Sáenz de Tejada, brazo ejecutor de Leire Díez, tenía los contactos servidos en bandeja para intentar desestabilizar la causa del hermano de Pedro Sánchez. En las agendas de Díez, los nombres aparecen con la sutileza de un martillo: 'La Celsa', 'Heroína', 'Gitano'. Mientras la juez Beatriz Biedma denunciaba estos vínculos con el narcotráfico en la Audiencia Nacional, el clan decidía que no era buen momento para cantar. Al final, la realidad es que mientras unos mueven los hilos desde despachos con aire acondicionado, en la calle la moneda de cambio es el plomo y la seguridad ciudadana es un concepto que solo existe en los folletos turísticos de Extremadura.
Hay quienes dicen que la diplomacia es el arte de decir 'perro' para que el otro entienda 'estupidez'. En este caso, la juez María Tardón sospechaba que el despliegue de un carril VIP en la frontera de Ceuta el 28 de julio era el preludio de una película de espías: un aviso urgente sobre la avalancha de más de 100.000 marroquíes que llegaría el 30 de julio. El escenario parecía perfecto para un thriller político: urgencia, secretismo y un acceso 'absolutamente inusual' que dejó perplejos a los agentes de la Policía. Pero la realidad, esa que siempre llega con el ticket de la mudanza en la mano, es mucho más prosaica. Resulta que el protagonista no era un emisario del apocalipsis, sino Fernando Villalonga, el nuevo cónsul en Tetuán, que llegaba con el equipaje, el perro y la ilusión del primer día. Mientras el Estado se preparaba para un caos migratorio, Villalonga solo quería evitar que su coche diplomático se quedara atrapado en un atasco eterno, una situación que para cualquier mortal es el equivalente a intentar hacer la compra un sábado a las siete de la tarde en un centro comercial. La confusión fue tal que la magistrada incluso citó por error a Aurora Díaz-Rato, la titular en Tánger, antes de darse cuenta de que el 'agente secreto' era en realidad un funcionario en transición. Álvaro Castillo ya se iba después de cuatro años y Villalonga entraba el 1 de agosto. Al final, el 'paso urgente' no fue para salvar la frontera, sino para mover unos conos de sitio y que el perro del cónsul no pasara demasiado calor. Una anécdota diplomática que demuestra que, a veces, el gran misterio de Estado no es más que un trámite de mudanza con matrícula oficial.
La diplomacia entre Madrid y Rabat funciona exactamente como un grupo de WhatsApp donde uno escribe párrafos infinitos y el otro deja el visto. En Ceuta, la realidad es un incendio que no se apaga con buenas palabras. Tenemos a 3.767 menores repartidos en 23 centros, una cifra que hace que la capacidad ordinaria de acogida parezca un chiste malo: estamos multiplicando por 130 el espacio disponible. Es como intentar meter a toda una grada de estadio en un ascensor y esperar que nadie se queje del aire. Mientras tanto, según las ONG, hay otros 500 jóvenes durmiendo a la intemperie, porque el sistema ha dicho basta. La Policía Nacional ha hecho los deberes, casi con caligrafía de colegio. Han montado 170 expedientes detallados, localizaron a las familias en Marruecos y obtuvieron el permiso para que los chavales vuelvan a casa. Todo listo. Papeles sellados. Pero Rabat ha decidido aplicar la ley del silencio. No hay respuesta, no hay voluntad, hay un vacío administrativo que huele a estrategia política. España propone y Marruecos ignora, convirtiendo el acuerdo bilateral en un papel mojado que solo sirve para limpiar el polvo de las oficinas. En la Moncloa, la narrativa ha dado un giro de 180 grados. Sira Rego, la titular de Infancia, ya admite que los adolescentes «quieren quedarse» y que se quedarán porque la ley los protege. Básicamente, el Gobierno ha pasado de intentar devolverlos a aceptar que el hotel es gratis y permanente, planeando repartir la carga hacia otras comunidades autónomas para aliviar el cuello de botella ceutí. Mientras tanto, Juan Jesús Vivas mira el reloj y ve que de los 8.000 expedientes de expulsión de adultos, el contador de ejecuciones reales está prácticamente en cero, salvo que haya un juez y un delito de por medio. Un caos gestionado con la eficacia de un lunes por la mañana.
Hay una coreografía muy curiosa en la política española: el discurso oficial predica la tolerancia mientras que, en la primera fila de los mítines, el ambiente es el de una pelea de bar en hora punta. El caso de Eibar es la gota que colma el vaso. Jon Echeverría, candidato del PP en Guipúzcoa, recibió el martes 17 de noviembre una 'bendición' muy particular: «No me extraña que te pasen cosas, chaval». Una frase que, traducida al lenguaje de la calle, no es una opinión política, es un guiño a que los golpes son el precio justo por caminar por el barrio equivocado. Lo fascinante no es el insulto, sino el perfil del autor. No es un okupa cualquiera; es un jubilado que tiene el pase VIP emocional en los actos de Pedro Sánchez. THE OBJECTIVE ha confirmado que este señor es un habitual de los mítines socialistas desde al menos 2015, situándose en esas zonas reservadas para los 'veteranos' donde el aire es más puro y la cercanía al líder es un trofeo. Es el típico perfil que, mientras el presidente habla de convivencia, él se encarga de recordarle al rival que la violencia es 'normal' si no te gusta el código postal. El escenario no podía ser más cargado: la plaza de Unzaga, a 150 metros de donde el destino se volvió oscuro para Miguel Ángel Blanco en 1997. Alberto Núñez Feijóo tuvo que cambiar su agenda para hacer de escudo humano tras el sablazo de piedras, huevos y petardos que Echeverría sufrió el sábado 14 de noviembre en Hernani. Mientras el Ministerio del Interior y Fernando Grande-Marlaska gestionan papeles, la Ertzaintza ha soltado la bomba: no pueden garantizar la seguridad de todos los actos. Básicamente, el Estado te dice que puedes hacer campaña, pero que si te cae un huevo en la cabeza, es parte del folclore local.
Gestionar el voto de los españoles en el extranjero es, según la cúpula de Correos, un trámite que puede hacerse con la precisión de un lanzamiento de moneda al aire. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, la empresa pública decidió ignorar dos informes técnicos (julio y octubre de 2022) que eran, básicamente, un manual de instrucciones para no hacer el ridículo. Tras eliminar el voto rogado, el volumen de envíos saltó a los 2,26 millones de electores en las generales de 2023; un crecimiento del 1.000% que la dirección recibió con la calma de quien espera que el correo llegue por arte de magia. La ironía es deliciosa: los propios trabajadores propusieron cambiar la carta certificada —que en países como EE. UU. o Alemania tiene la prioridad de un folleto de publicidad— por el servicio EMS, la paquetería prémium. Pero no, prefirieron mantener el sistema manual, creando cuellos de botella que harían desesperar a cualquiera en una cola del supermercado. Juan Manuel Serrano y Leire Díez, esta última la 'fontanera' del PSOE encargada de las Relaciones Institucionales, tuvieron sobre su mesa la receta para evitar extravíos: etiquetas armonizadas, protocolos ITMATT y el uso de herramientas como MINERVA o EGA para automatizar la clasificación. En lugar de eso, optaron por el 'estilo artesanal', ignorando que en provincias como Ourense el voto exterior pesa un 40,42% y en Lugo un 25,53%. El colmo de la ingeniería financiera llega con la mensajería. En lugar de licitar acuerdos con DHL o UPS para cubrir el 41,84% del censo concentrado en ocho países latinoamericanos (como México o Argentina), Correos Express subcontrata a FedEx pagando tarifas tres veces más caras. Un sablazo en las cuentas públicas para garantizar un servicio que, según los técnicos, sigue siendo una lotería.
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