Hay quien gasta el presupuesto mensual en un menú del día y quien, como el Gobierno, decide soltar 7.000.455 euros en un abrir y cerrar de ojos para alquilar 61.603 smartphones Android. No son móviles para que los escrutadores jueguen al Candy Crush, sino máquinas de 'máxima potencia' con 128 GB de almacenamiento, pantallas de 6,6 pulgadas y cámaras de 50 megapíxeles.
Un despliegue técnico que haría palidecer a cualquier gamer, pero destinado a una tarea que, según el pliego, debe hacerse 'sin conexión a ninguna red externa'.
Aquí es donde la lógica se va de vacaciones. El contrato ECG/21/2026, firmado el 21 de octubre por Carmen López García con Telefónica Defensa y Seguridad, es un ejercicio de equilibrismo mental: exigen que los móviles no se conecten a nada, pero pagan por líneas de datos, geolocalización y un control remoto que permite ver la pantalla en tiempo real.
Es como comprar un coche blindado para ir al garaje de al lado, pero insistir en que tenga GPS satelital y control desde la NASA por si acaso.
El Tribunal Supremo, que no se ha tragado el cuento, ha dado dos días de plazo para que Interior certifique que estos trastos son seguros.
Mientras tanto, el informe del comisario Juan Carlos González Carvajal es un ejemplo de 'lavado de manos' profesional: dice que el verificador QR funciona, pero no suelta ni una palabra sobre si el resto del teléfono es un colador de datos. Al final, nos venden una seguridad de categoría ALTA mientras el Gobierno envía un único teléfono de muestra a la JEC, sin marca ni modelo, como quien entrega una pieza de Lego para explicar cómo funciona un rascacielos.
Siete millones de euros por un misterio tecnológico que ahora debe justificarse ante la justicia.
Crítica:
La noticia es un despliegue de datos técnicos impecable, pero el Gobierno juega al despiste con la contradicción 'sin conexión vs control remoto'. Falta que alguien explique por qué se paga geolocalización para un aparato que supuestamente no sale de la mesa electoral.
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