El texto es un festín de filtraciones que, aunque demoledor, depende excesivamente de la narrativa de los imputados para salvar su propia piel. La fuente es única y el tono roza el sensacionalismo, aunque los datos del flujo monetario son irrefutables.
Hay una frase que resume la decadencia de cualquier institución: «me debo a quien me designa». Con esa joya de la honestidad brutal, el teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil, ha decidido que el uniforme es, en realidad, un traje de etiqueta para servir al menú del día en el Ministerio. Mientras un guardia raso puede acabar con un expediente disciplinario por mirar mal a un superior —recordemos que solo en 2025 ya van 1.014 expedientes, 185 de ellos muy graves—, Llamas se pasea por el Senado con la tranquilidad de quien tiene la tarjeta de crédito del Estado sin límite. El problema no es solo que el general esté imputado en la Audiencia Nacional por prevaricación y obstrucción a la Justicia. El problema es el cinismo. Llamas no solo se niega a dimitir porque «sus superiores» (la directora general, el secretario de Estado y el ministro) le dan el visto bueno, sino que se ha tomado la libertad de llamar «vanidosos» a los agentes de la UCO. Sí, esos mismos que investigaban la corrupción que llegaba a las puertas del Gobierno y al hermano de Pedro Sánchez, y a quienes el DAO pidió amablemente que se «pusieran de perfil». Es la danza clásica del poder: la Fiscalía Anticorrupción ya ha advertido que los expedientes internos contra la UCO no eran limpieza administrativa, sino un mecanismo de intimidación, una especie de 'estirón de orejas' institucional para que los investigadores no fueran tan proactivos. Mientras la asociación Jucil grita que hay dos varas de medir, Llamas sigue convencido de que su honor no lo decide la ley, sino quien firma su nómina. En la calle lo llamamos lealtad al jefe; en el Senado, lo disfrazan de confianza institucional.
Hay una línea muy fina entre hacer de puente y cobrar el peaje. En este caso, parece que José Luis Rodríguez Zapatero no solo tendió el puente, sino que instaló un telepeaje privado. Mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una comisión de tres euros en un cajero, en las altas esferas del poder el juego es más sofisticado. Estamos hablando de un rescate de 53 millones de euros para la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia, una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto familiar, y un supuesto 'comisionismo' del 1% que suena a propina de lujo por mover los hilos adecuados. El tablero se ha agitado este martes en el Congreso. Alberto Ibáñez, portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, ha decidido que ya basta de mirar para otro lado. Con la precisión de un cirujano, Ibáñez ha calificado la situación de «inasumible políticamente», lanzando un dardo directo al PSOE y a Pedro Sánchez. El detonante es la comparecencia de Julio Martínez Martínez ante el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional. Martínez, socio de Zapatero, ha soltado la bomba: el expresidente «marcaba los pasos a seguir». Lo más delirante de la trama es la confesión de la propia Plus Ultra, que admite que quizá pagaron esa comisión «sin necesidad», sugiriendo que el dinero público habría fluido igual, con o sin intermediario. Es la definición perfecta de ingeniería financiera: cobrar por abrir una puerta que ya estaba sin llave. Ibáñez no se ha guardado nada, exigiendo que el PSOE deje de «borbonear» y abandone esa herencia de mordidas y cárteles maquillados de lobbismo, mientras el Gobierno sigue haciendo el vacío con la ley de lobbies y las togas patrias parecen ignorar los avisos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la Ley de Amnistía.
Hay quien dice que el poder es efímero, pero el hambre de comisiones es eterna. José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que nos vendió la serenidad, parece haber descubierto que la verdadera paz mental se alcanza cobrando el 1% de un rescate público. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que el jamón no sea un artículo de lujo, el expresidente montó una arquitectura financiera digna de un casino de Las Vegas para camuflar que medió en la obtención de 53 millones de euros para Plus Ultra el 9 de marzo de 2021. La trama tiene el aroma clásico de la 'ingeniería de despacho'. Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino que servía de escudo humano (o testaferro, para los que no hablamos en código), ha decidido que es hora de cantar al juez José Luis Calama. Resulta que el asesoramiento no era gratis: el trato incluía una comisión del 1% y un despliegue de lujos que haría palidecer a cualquier influencer. Para que el ruido mediático no les despertara los perros, decidieron dilatar los pagos hasta 2026, fragmentando la torta entre diversas mercantiles. Pero el detalle exquisito es la logística del cobro. No solo hubo transferencias a través de Análisis Relevante, sino que Zapatero disfrutó de 46 vuelos en clase business que no pagó, sumando un total de 530.000 euros. Como si esto no fuera suficiente, la trama incluía a Whathefav, la empresa de las hijas del expresidente, con una iguala de 3.000 euros mensuales. Todo coordinado desde la SEPI y el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee). Al final, el 'consultor' marcaba los pasos mientras otros ponían la firma y el riesgo. Un negocio redondo donde el Estado pone el dinero y el exlíder pone la influencia.
Hay una magia muy particular en las altas esferas del poder: la capacidad de hacer desaparecer cifras que harían temblar a cualquier autónomo. El Khalil Binebine, un empresario marroquí con el oído puesto en los secretos de Mohamed VI, protagonizó un truco de prestidigitación fiscal digno de Las Vegas. Durante años, Binebine fue un cliente habitual de la lista de grandes morosos de Hacienda, manteniendo una deuda congelada, casi como un objeto de colección, de 4.338.172,72 euros. Desde 2015, esa cifra era su sombra, un recordatorio público de que con el fisco español no se juega. Pero entonces ocurrió el milagro. Justo cuando José Luis Rodríguez Zapatero decidió ficharlo para el Consejo Asesor de su Gate Center —ese laboratorio de ideas que suena a consultoría de lujo para arreglar el mundo—, el nombre de Binebine se esfumó de la lista negra. La coincidencia es tan delirante que parece escrita por un guionista de serie B. Mientras el ciudadano medio ve cómo Hacienda le embarga hasta la última moneda por un error en la declaración, el amigo del Rey de Marruecos logra que sus 4,3 millones de euros de deuda se vuelvan invisibles justo cuando le abren la puerta de un centro de pensamiento influente. La Agencia Tributaria, fiel a su costumbre de guardar silencio cuando el viento sopla fuerte, no dice ni muro. Podría ser un pago, un aplazamiento o la clásica 'insolvencia' (esa técnica de decir 'no tengo un duro' mientras manejas Vickers Venture Partners). Lo cierto es que el fichaje llegó tras el giro estratégico de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. En este juego de sillas, la deuda de Binebine no ha desaparecido necesariamente, pero ha dejado de molestar. Es la diferencia entre ser un moroso y ser un 'perfil internacional'.
En la política, como en el barrio, hay quienes llevan la contabilidad en un Excel y quienes la llevan en sobres debajo del colchón. El último informe de la UCO sobre Santos Cerdán no es solo un papel más; es el mapa de un laberinto donde el dinero aparece y desaparece como por arte de magia. Hablemos de los 4.700 euros que Cerdán ingresó en efectivo en el PSOE entre 2014 y 2016. Para un ciudadano normal, cuatro mil euros son un coche de segunda mano o un ahorro para las vacaciones; para la Guardia Civil, son tres depósitos fantasma cuyo origen es un misterio absoluto. Solo uno tiene rastro bancario. Los otros tres llegaron al partido como quien deja una propina anónima en un restaurante. Pero el agujero contable es más profundo. Entre 2019 y 2025, Cerdán vio cómo su nómina de diputado se reducía en 16.492,48 euros, sumando otros 11.310 euros por su puesto en el Consejo Ejecutivo Federal. El problema es que las liquidaciones de gastos del PSOE y el Congreso no cuadran con el efectivo que el señor tenía en la cartera. O Cerdán es un filántropo secreto que paga sus cenas con dinero invisible, o alguien más estaba financiando la fiesta. Mientras tanto, en la oficina de los sobres, José Luis Ábalos y Koldo García recibieron 19.638,97 euros en metálico entre 2017 y 2021. El truco era llamarlo 'liquidación de gastos', aunque haya un desfase de 13.590 euros entre lo declarado y lo recibido. Y para rematar el cuadro, Carmen Pano cuenta que dejó 90.000 euros en efectivo en la sede de Ferraz, en dos tandas de 45.000, por instrucciones de Víctor de Aldama y Claudio Rivas para conseguir una licencia de hidrocarburos. La Audiencia Nacional ya pide la lista de todos los pagos en efectivo del partido entre 2017 y 2024. Si el juez decide que Ferraz no es solo una dirección, sino una maquinaria de blanqueo, el PSOE podría pasar de ser el dueño del tablero a ser el investigando con riesgo de disolución.
Hay que tener valor, o una cuenta corriente ajena muy generosa, para aterrizar en una empresa de Defensa y lo primero que hacer es comprar yoyós. Manuel Cutrín, exdirigente del PSOE en Galicia y asesor jurídico en Santiago de Compostela, llegó a ISDEFE en abril de 2025 con un currículum que brilla por su ausencia en temas militares, pero con un hambre voraz de 'estilo'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta del supermercado con pánico, Cutrín decidió que la 'nueva estrategia' de la compañía requería un logo nuevo por 95.000 euros y un despliegue de merchandising de 215.000 euros. Sí, han gastado una fortuna en tazas, botellas y gafas para eclipses, porque aparentemente la seguridad nacional ahora depende de que el personal tenga un yoyó con el logo oficial. El despliegue de lujo no se detuvo en la papelería. El 40º aniversario de ISDEFE se celebró en el Teatro Real de Madrid con un catering de 90.000 euros; una fiesta de etiqueta pagada con el dinero de todos. Para desplazarse a estas citas sociales, Cutrín se aseguró un BMW Serie 3 con todos los extras, un renting que costó 32.000 euros por cuatro años. Y para que el cerebro estuviera a la altura del coche, se inscribió en un MBA del IESE Business School por 95.000 euros, cursando las clases en horario laboral. Todo esto mientras la empresa lidia con la sombra de la trama de Leire Díez y la imputación de María Teresa Castillo Pasalodos por el juez Santiago Pedraz. Para rematar el cuadro, contrataron en enero a David Romero Sánchez, el gurú de TikTok de Pedro Sánchez. En resumen: menos defensa y más postureo corporativo en la zona de Moncloa.
Gobernar es el arte de gestionar el caos, pero lo de Pedro Sánchez ya parece más una partida de Tetris donde las piezas no encajan y la pantalla se llena de huecos. El balance es desolador: siete leyes en el último curso. Siete. Para quien no tenga el radar político calibrado, esto es como intentar montar un mueble de IKEA y que solo te queden siete tornillos puestos después de un año de trabajo. En 2018, llegando a mitad de año tras desplazar a Mariano Rajoy, el Congreso le sacó adelante once normas en medio ejercicio. Ahora, en la recta final de la legislatura, la maquinaria se ha gripado. El culpable tiene nombre y apellidos: Carles Puigdemont y su gente de Junts. Desde octubre, cuando decidieron que el apoyo estable era un concepto anticuado y que solo votarían lo que les diera un beneficio directo a Cataluña, el Ejecutivo vive en un estado de ansiedad permanente. Sin esos siete diputados, cada votación es una moneda al aire. Mientras tanto, Félix Bolaños intenta vender humo con una cifra de 52 normas publicadas en el BOE en la primera mitad de la legislatura, pero es un truco de magia contable. No confunda legislar con 'firmar papeles'. El Gobierno ha optado por la vía rápida: el real decreto ley. Es la versión 'fast food' de la democracia: el Ejecutivo dicta y el Congreso convalida sin enmendar, como quien acepta los términos y condiciones de una app sin leerlos. Entre las siete leyes supervivientes rescatamos la de Movilidad Sostenible y la de atención a la clientela (para que no te deje un robot hablando solo), además de una reforma del Código Penal contra la multirreincidencia que, curiosamente, contó con el visto bueno de la derecha. El jueves intentarán colar tres más, como la AP-9 para Galicia, pero eso es maquillaje en un edificio que se cae a pedazos.
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