Crítica:
El texto original es un panfleto de relaciones públicas disfrazado de memoria anual. Omite convenientemente el coste real de mantener ese crecimiento de plantilla frente a la calidad de la gestión.
El CSIC alcanza los 94 comités de sostenibilidad tras crear 54 en el último año
CSIC: Más comités, más plantilla y más presupuesto
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Transición Ecológica: el gran mecenas de Prisa
Hay una forma muy elegante de decir que te gusta alguien: darle casi la mitad de tu cartera sin mirar el saldo. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo el mando de Sara Aagesen, ha decidido que la mejor forma de salvar el planeta es, aparentemente, salvar las cuentas del Grupo Prisa. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, el Ministerio ha soltado 403.371,41 euros al gigante de Gran Vía. Es el 40,93% de una partida total de 985.512 euros destinada a publicidad en radio para 2025. Un sablazo con clase. La ingeniería financiera es fascinante. De ese botín, la Cadena SER se llevó la parte del león con 258.491,43 euros, seguida por Los 40 Principales con 94.087,57 euros y la Cadena Dial con 50.792,41 euros. Incluso rescataron el entorno digital de la SER con una propina de 2.030,17 euros. Todo esto salió a la luz gracias a que THE OBJECTIVE decidió jugar al detective y tirar de la Ley de Transparencia de 2013, enviando una solicitud el 9 de agosto de 2026 que el subsecretario del Ministerio respondió el día 20, adjuntando los anexos con el IVA incluido, para que no quedara duda del gasto. Lo más delirante no es solo la concentración de fondos, sino la hiperactividad del ministerio. Con 20 campañas en radio, 26 en gráficos y 25 en digital, el Ministerio de Aagesen multiplica por diez la media de cualquier otra cartera gubernamental. Reparten el pastel así: televisión 24,22%, digital 21,31%, gráficos 18,75%, radio 18,26% y exterior 15,11%. El cine se lleva las migajas con un 1,82%. En resumen, mucha ecología en el discurso, pero una ecología muy selectiva a la hora de regar los jardines de Prisa.
Relojes de lujo: el 'brillo' de PDVSA
Hay quien ahorra para la jubilación y hay quien, con la soltura de quien usa dinero ajeno, se compra el catálogo entero de una joyería. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, la joyería Exclusividades Vagú movía cifras que parecen sacadas de una película de James Bond, pero con guion venezolano. El 11 de enero de 2017, la firma emitió una factura por 5.083.129 euros a nombre de Uldono Ltd. No eran bisuterías de saldo; hablamos de Rolex, Patek Philippe y una pieza de Greubel Forsey que, por sí sola, costaba 701.173 euros. Un capricho que pagaría el presupuesto de educación de un pueblo entero. La ingeniería financiera es un arte. El dinero viajaba desde PDVSA, la petrolera que ha sufrido una 'desaparición de fondos' legendaria —con esquemas de fraude que el Departamento de Justicia de EE.UU. valoró en 1.200 millones de dólares en mayo de 2015—, pasando por Rantor Capital y Eaton Global Services hasta aterrizar en Uldono. Todo este despliegue terminó en una cuenta de The Mauritius Commercial Bank en Mauricio, donde Worldwide Wealth Management PCC guardaba una cartera de 9,33 millones de euros, compuesta en un 66,67% por bonos de la petrolera venezolana. El giro escabroso llega con la aparición de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional ya le tiene en el radar por una tasación de joyas en su despacho valoradas en 1.323.915 euros. Que la misma joyería, Exclusividades Vagú, sea el hilo conductor entre el expresidente y el agujero contable de PDVSA no es una coincidencia, es una coreografía. Entre administradores franceses como Jonathann Savigny y Yann Robbiola, y transferencias a Columbus One Properties para comprar inmuebles en España, el rastro es claro: el lujo extremo siempre tiene una factura que alguien más paga.
Contratos públicos: más chiringuitos y menos control
Parece que el arte de repartir el pastel público con los dedos untados de mantequilla se ha vuelto tendencia. Según el último Informe Anual de Supervisión de Oirescon, aprobado el 29 de julio, las denuncias por prácticas corruptas en contratos públicos han pasado de ser un ruido de fondo a un concierto ensordecedor: de 32 casos en 2022 saltamos a 102 en 2025. Es un crecimiento que haría envidia a cualquier startup de Silicon Valley, pero con la diferencia de que aquí el capital es el dinero de todos. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, el sistema de adjudicaciones parece haber entrado en una fase de 'creatividad' desbordante. Las denuncias totales se dispararon un 67,85% en un año, pasando de 311 en 2024 a 522 en 2025. Lo más irónico es que el 95,59% de estas alertas vienen del sector privado; es decir, los propios empresarios están gritando que el juego está trucado, mientras que el sector público, con un tímido 4,41%, prefiere hacer como que no ve nada. El menú de irregularidades es variado. Tenemos el clásico 'fraccionamiento del objeto' (dividir el contrato para saltarse el control), que subió de 39 a 88 casos en un año, y las irregularidades en la adjudicación, que pasaron de 34 a 89. Todo esto con el eco aún resonando de las mascarillas y las obras públicas. El Tribunal Supremo ya tiene en el visor a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, este último que además protagoniza una trama de hidrocarburos con un agujero contable de 182,5 millones de euros. Pero aquí llega el chiste final: mientras las denuncias se triplican, las actuaciones preventivas de las agencias antifraude han caído en picado, pasando de 196 en 2022 a solo 68 en 2025. En resumen, hay más gente gritando que hay fuego, pero el cuerpo de bomberos ha decidido reducir sus turnos en un 65%.
Tomates marroquíes: el negocio redondo del PSOE
Hay una danza muy curiosa en los pasillos de Bruselas. Mientras el agricultor de Almería o Murcia mira el precio del gasoil con el mismo pavor con el que uno mira la factura de la luz en agosto, algunos antiguos peces gordos del PSOE han descubierto que el tomate marroquí sabe mejor cuando se cobra por defenderlo. José Blanco y Antonio Hernando, los arquitectos de Acento Public Affairs, han montado un negocio redondo: representar a Rabat ante la Unión Europea. No es un hobby; hablamos de contratos que oscilan entre los 500.000 y los 600.000 euros anuales. Para un campesino, eso es una fortuna; para un lobby, es simplemente un martes cualquiera. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Por un lado, el Gobierno se llena la boca hablando del campo español. Por otro, la consultora de Blanco y Hernando —este último ahora Secretario de Estado de Telecomunicaciones— se inscribió en el Registro de Transparencia de la UE para hacerle la pelota a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) y a la Embajada de Marruecos. Mientras tanto, la realidad en el supermercado es un sablazo constante. En 2025, España importó 87.603 toneladas de tomate fresco marroquí, un salto del 31,5% en volumen y un 67,1% en valor respecto al año previo. Para 2026, la cosa empeoró: siete de cada diez tomates que entran en el país vienen del vecino. El contraste es obsceno. Andrés Góngora, de COAG, lo resume con una cifra que dinamita cualquier discurso oficial: una jornada agrícola en España cuesta unos 90 euros, frente a los 8 euros de Marruecos. Es jugar un partido de fútbol donde tú vas en chanclas y el rival tiene botas con clavos y el árbitro en nómina. Entre COAG, UPA, ASAJA y FEPEX, el sentimiento es el mismo: mientras ellos pierden terreno, los exministros ganan terreno en el Registro de Transparencia.
Marlaska suelta un caramelo para los MENAS
Hay gestos que, en el lenguaje de la administración, se llaman 'reforzar la gestión'. En el lenguaje de la calle, se llaman 'tirar un caramelo para que no haya ruido'. Fernando Marlaska ha decidido soltar 290.850 euros destinados a ACNUR. El objetivo, según el papel oficial, es agilizar el asilo, poniendo el foco especialmente en las solicitudes de MENAS. Para quien maneje presupuestos de Estado, esa cifra es básicamente el cambio que sobra en la caja después de pagar las cenas de Navidad del ministerio. Sin embargo, mientras el ciudadano medio mira la cuenta del súper con pánico, aquí se despliegan casi trescientos mil euros con la naturalidad de quien pide una ración de bravas. Es la clásica ingeniería financiera del 'parche': ponemos dinero en una agencia externa para que el problema de los menores no immigrants no termine estallando en el despacho del ministro. Lo irónico es el contraste. Nos venden una 'gestión reforzada' mediante una transferencia bancaria, como si el asilo fuera una aplicación de móvil que se soluciona comprando una suscripción Premium. El dinero fluye hacia ACNUR, pero la burocracia, esa bestia lenta que devora expedientes, sigue ahí, intacta. Al final, el movimiento es más una cuestión de relaciones públicas que de eficiencia operativa. Se firma el cheque, se lanza la noticia y se espera que el ruido mediático sobre la situación de los menores se calme con el brillo de los 290.850 euros. Un movimiento maestro de distracción presupuestaria donde el problema real sigue esperando en la cola, pero ahora con un sello oficial de 'estamos en ello'.
Albares se gasta 250.000 euros en Paraguay
Hay una magia casi mística en la forma en que el dinero público se evapora cuando cruza el Atlántico. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el carrito del súper no parezca un atraco a mano armada, José Manuel Albares ha decidido que Paraguay necesita un soplo de aire fresco. Y ese soplo, curiosamente, tiene un precio exacto: 250.000 euros. No es una cifra cualquiera; es el coste de un plan de «ecoturismo» que suena a folleto brillante diseñado en un despacho con aire acondicionado en Madrid. La ingeniería financiera es sencilla: se etiqueta el gasto como 'estratégico' y se lanza la moneda al aire en tierras guaraníes. Para alguien que paga el alquiler y ve cómo la luz sube sin pedir permiso, 250.000 euros no son un 'plan de fomento', son el presupuesto de varias vidas o la solución a un montón de agujeros contables domésticos. Lo fascinante es la narrativa. El ecoturismo es el refugio perfecto para el gasto opaco: es verde, es sostenible y, sobre todo, es muy difícil de medir en resultados inmediatos. Mientras tanto, en los mercados, el Ibex 35 cae un 1,60% y Telefónica se desangra con un 3,12% menos, recordándonos que la economía real es un campo de minas. Pero en el mundo de la diplomacia, el dinero no se gasta, se 'invierte' en conceptos etéreos. Al final, el balance es el de siempre. Unos pocos nombres en una lista de invitados, un hotel con vistas y un cheque de cuarto de millón que se firma sin que tiemble el pulso. La sostenibilidad, al parecer, es mucho más barata cuando la paga el contribuyente que la que el político presume en el discurso.
Mayor Oreja: 103 irregulares y nostalgia legal
Hay recuerdos que son como una factura mal cobrada: vuelven siempre para recordarte que alguien se ha aprovechado. Jaime Mayor Oreja, el hombre que manejó el Interior con mano de hierro, ha decidido que la inauguración de una exposición de Gregorio Ordóñez en el Centro Cultural Eduardo Úrculo de Madrid era el momento perfecto para hacer memoria. El exministro ha rescatado un episodio de julio de 1996, cuando el Gobierno de José María Aznar —recién aterrizado en la Moncloa— se encontró con 103 inmigrantes irregulares en Melilla. Para Mayor Oreja, resolver aquello fue una odisea digna de un thriller político: cinco o seis viajes a África para devolver a la gente 'individualmente'. Lo dice con una nostalgia casi conmovedora, admitiendo que 'rozaron la legalidad'. Traducido al lenguaje de la calle: hicieron lo que pudieron saltándose algunas normas para que el problema desapareciera en una semana. Ahora, el exministro mira el espejo retrovisor y compara esos 103 casos con los 70.000 que han llegado este verano a Ceuta, usando la cifra como un mazo para golpear la gestión de Pedro Sánchez. La narrativa es clara: mientras ellos hacían maletas y negociaban cara a cara, el Gobierno actual, según Oreja, aplica una 'política de tierra quemada'. El análisis del presidente de NEOS no se queda en la frontera; se extiende al País Vasco y Cataluña, sugiriendo que Sánchez busca una España débil para que, al final, no quede más remedio que darle la razón a ETA, a ERC o a Marruecos. Es la eterna danza política: convertir un agujero administrativo en un proyecto conspirativo de debilitamiento nacional. Al final, cuando le preguntan por dimisiones, Mayor Oreja suspira. No pide lo imposible, porque sabe que en el tablero del poder, la vergüenza es un activo que cotiza a cero.
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