Crítica:
La noticia es un ejercicio de transparencia pura, pero el dato del 2026 sugiere un error tipográfico en la fuente original sobre las fechas. Es un caso manual de concentración de fondos públicos en un solo grupo mediático.
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El cazador de áticos vive de okupa
Hay una ironía deliciosa en el aire de Madrid, de esas que te hacen preguntarte si la ética es un producto de temporada o un accesorio que solo se usa para las fotos oficiales. Javier Flores, el abogado que se ha puesto la capa de paladín de la transparencia para denunciar la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, resulta que tiene un concepto muy flexible de la propiedad privada cuando se trata de su propio techo. Mientras el letrado se desvive en el Tribunal de Cuentas exigiendo que se rastree cada céntimo de Planifica Madrid, en el sur de la capital aplica una ingeniería financiera bastante más rudimentaria: no pagar el alquiler. No estamos hablando de una lucha épica contra un fondo buitre o una SOCIMI con sede en Delaware. No. El 'estrangulamiento económico' lo sufre un ciudadano de a pie, un pequeño ahorrador que puso sus esperanzas en un piso para su familia y acabó con un jurista atrincherado en el salón. Es el clásico contraste entre el discurso de salón y la realidad del pasillo. Flores critica que la Comunidad de Madrid no aclarara si el inmueble de millones era residencial o institucional, pero él no aclara cómo piensa pagar la deuda acumulada mientras sus perros pasan el día encerrados, según quejan los vecinos. La justicia ordinaria, impulsada también por Iustitia Europa, decidirá si hay delito en la operación de Ayuso. Pero mientras la juez decide si hay aforados en el ajo, la superioridad moral de Flores se ha evaporado. Resulta fascinante que quien pide luz y taquígrafos para el dinero público prefiera el apagón y el silencio absoluto cuando el dueño de su casa le pide las llaves. Al final, la regeneración democrática parece que se queda en el papel, mientras que el impago sistemático es la verdadera práctica profesional.
Sánchez pone el 'bozal' a la jefa CNI
En la Moncloa han descubierto que el silencio es el mejor lubricante para que los escándalos resbalen. Pedro Sánchez ha decidido que Esperanza Casteleiro, la jefa del CNI, no tiene por qué pisar la moqueta del Congreso, convirtiendo la Comisión de Secretos Oficiales en un club exclusivo al que la directora no ha sido invitada desde mayo de 2022. Mientras nosotros contamos los céntimos para que el ticket del súper no nos dé un infarto, el Gobierno juega al escondite con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde 80.000 personas entraron en territorio español con un 'visto bueno' marroquí que el CNI, según Sánchez y Grande-Marlaska, no supo avisar a tiempo. La jugada es maestra: el presidente reprochó la labor de sus espías en público, dejándolos colgados de la camiseta, pero ahora frena que Casteleiro dé su versión. Margarita Robles intenta hacer de escudo, diciendo que no tiene obstáculos para comparecer, pero la realidad es que en este tablero el Rey mueve las piezas y las demás solo miran. Casteleiro, una veterana que entró en el Cesid en 1983 y ha pasado por Cuba y Portugal, ha roto una tradición sagrada. Sus predecesores, desde Jorge Dezcallar hasta Paz Esteban, pasaron por el Congreso para rendir cuentas sobre vuelos de la CIA o el caso Pegasus. La estrategia de Sánchez es el clásico 'esperar a que baje el suflé'. Es la misma técnica que aplica con la DANA de Valencia o las joyas de Zapatero: aguardar a que el ruido mediático se enfríe o que aparezca un nuevo incendio que solape el anterior. Mientras tanto, la Comisión de Secretos, donde los diputados dejan el móvil en una caja como si estuvieran entrando en un examen de selectividad, sigue esperando a una directora que prefiere la obediencia al ritmo gubernamental que la transparencia parlamentaria.
CSIC: Más comités, más plantilla y más presupuesto
Montar un comité de sostenibilidad es, hoy en día, el equivalente institucional a ponerse una planta en el escritorio para sentirse ecologista. El CSIC ha decidido llevar esto al nivel industrial: cerró 2025 con 94 comités, habiendo fabricado 54 nuevos en un solo año. Ya están presentes en el 76% de sus centros. Es una maquinaria de generar actas y reuniones que, según la Memoria Anual 2025, se traduce en más de 850 actuaciones sostenibles. Muy loable, siempre que no gasten más papel en los informes que el CO2 que ahorran. Pero el dato que realmente muerde es el crecimiento de la plantilla. De 13.888 personas en 2022 pasamos a 17.471 en diciembre de 2025. Un incremento del 26% que suena a gloria en el currículum, pero que en la calle se traduce en una estructura que engorda mientras la presidenta, Eloísa del Pino, admite que tienen 'retos de gestión' y que necesitan un presupuesto 'suficiente'. Es la eterna paradoja: tenemos más gente, pero seguimos pidiendo más dinero para que la maquinaria no chirríe. En el tablero económico, el CSIC mueve cifras que marean. 6.308 proyectos vigentes con una financiación total de 1.381,6 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el organismo tuviera una tarjeta de crédito sin límite mientras el resto de los mortales peleamos con la factura de la luz. La anualidad de 2025 fue de 269,9 millones, repartidos principalmente entre ciencias de la vida (3.756 proyectos) y materia (2.058). Madrid se lleva la tajada más gorda con 2.429 acciones, seguida de Andalucía y Cataluña. Entre patentes (145 nuevas) y regalías (3,28 millones de euros), el CSIC juega a ser empresa. Sin embargo, la realidad es que el talento se escapa. Del Pino reconoce que urge mejorar la carrera técnica y el modelo de productividad. En resumen: muchos comités, miles de publicaciones y millones en el banco, pero la gestión sigue siendo el agujero negro donde se pierde la eficiencia.
Relojes de lujo: el 'brillo' de PDVSA
Hay quien ahorra para la jubilación y hay quien, con la soltura de quien usa dinero ajeno, se compra el catálogo entero de una joyería. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, la joyería Exclusividades Vagú movía cifras que parecen sacadas de una película de James Bond, pero con guion venezolano. El 11 de enero de 2017, la firma emitió una factura por 5.083.129 euros a nombre de Uldono Ltd. No eran bisuterías de saldo; hablamos de Rolex, Patek Philippe y una pieza de Greubel Forsey que, por sí sola, costaba 701.173 euros. Un capricho que pagaría el presupuesto de educación de un pueblo entero. La ingeniería financiera es un arte. El dinero viajaba desde PDVSA, la petrolera que ha sufrido una 'desaparición de fondos' legendaria —con esquemas de fraude que el Departamento de Justicia de EE.UU. valoró en 1.200 millones de dólares en mayo de 2015—, pasando por Rantor Capital y Eaton Global Services hasta aterrizar en Uldono. Todo este despliegue terminó en una cuenta de The Mauritius Commercial Bank en Mauricio, donde Worldwide Wealth Management PCC guardaba una cartera de 9,33 millones de euros, compuesta en un 66,67% por bonos de la petrolera venezolana. El giro escabroso llega con la aparición de José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional ya le tiene en el radar por una tasación de joyas en su despacho valoradas en 1.323.915 euros. Que la misma joyería, Exclusividades Vagú, sea el hilo conductor entre el expresidente y el agujero contable de PDVSA no es una coincidencia, es una coreografía. Entre administradores franceses como Jonathann Savigny y Yann Robbiola, y transferencias a Columbus One Properties para comprar inmuebles en España, el rastro es claro: el lujo extremo siempre tiene una factura que alguien más paga.
Contratos públicos: más chiringuitos y menos control
Parece que el arte de repartir el pastel público con los dedos untados de mantequilla se ha vuelto tendencia. Según el último Informe Anual de Supervisión de Oirescon, aprobado el 29 de julio, las denuncias por prácticas corruptas en contratos públicos han pasado de ser un ruido de fondo a un concierto ensordecedor: de 32 casos en 2022 saltamos a 102 en 2025. Es un crecimiento que haría envidia a cualquier startup de Silicon Valley, pero con la diferencia de que aquí el capital es el dinero de todos. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, el sistema de adjudicaciones parece haber entrado en una fase de 'creatividad' desbordante. Las denuncias totales se dispararon un 67,85% en un año, pasando de 311 en 2024 a 522 en 2025. Lo más irónico es que el 95,59% de estas alertas vienen del sector privado; es decir, los propios empresarios están gritando que el juego está trucado, mientras que el sector público, con un tímido 4,41%, prefiere hacer como que no ve nada. El menú de irregularidades es variado. Tenemos el clásico 'fraccionamiento del objeto' (dividir el contrato para saltarse el control), que subió de 39 a 88 casos en un año, y las irregularidades en la adjudicación, que pasaron de 34 a 89. Todo esto con el eco aún resonando de las mascarillas y las obras públicas. El Tribunal Supremo ya tiene en el visor a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama, este último que además protagoniza una trama de hidrocarburos con un agujero contable de 182,5 millones de euros. Pero aquí llega el chiste final: mientras las denuncias se triplican, las actuaciones preventivas de las agencias antifraude han caído en picado, pasando de 196 en 2022 a solo 68 en 2025. En resumen, hay más gente gritando que hay fuego, pero el cuerpo de bomberos ha decidido reducir sus turnos en un 65%.
Tomates marroquíes: el negocio redondo del PSOE
Hay una danza muy curiosa en los pasillos de Bruselas. Mientras el agricultor de Almería o Murcia mira el precio del gasoil con el mismo pavor con el que uno mira la factura de la luz en agosto, algunos antiguos peces gordos del PSOE han descubierto que el tomate marroquí sabe mejor cuando se cobra por defenderlo. José Blanco y Antonio Hernando, los arquitectos de Acento Public Affairs, han montado un negocio redondo: representar a Rabat ante la Unión Europea. No es un hobby; hablamos de contratos que oscilan entre los 500.000 y los 600.000 euros anuales. Para un campesino, eso es una fortuna; para un lobby, es simplemente un martes cualquiera. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un cuchillo. Por un lado, el Gobierno se llena la boca hablando del campo español. Por otro, la consultora de Blanco y Hernando —este último ahora Secretario de Estado de Telecomunicaciones— se inscribió en el Registro de Transparencia de la UE para hacerle la pelota a la Agencia Marroquí de Cooperación Internacional (AMCI) y a la Embajada de Marruecos. Mientras tanto, la realidad en el supermercado es un sablazo constante. En 2025, España importó 87.603 toneladas de tomate fresco marroquí, un salto del 31,5% en volumen y un 67,1% en valor respecto al año previo. Para 2026, la cosa empeoró: siete de cada diez tomates que entran en el país vienen del vecino. El contraste es obsceno. Andrés Góngora, de COAG, lo resume con una cifra que dinamita cualquier discurso oficial: una jornada agrícola en España cuesta unos 90 euros, frente a los 8 euros de Marruecos. Es jugar un partido de fútbol donde tú vas en chanclas y el rival tiene botas con clavos y el árbitro en nómina. Entre COAG, UPA, ASAJA y FEPEX, el sentimiento es el mismo: mientras ellos pierden terreno, los exministros ganan terreno en el Registro de Transparencia.
Marlaska suelta un caramelo para los MENAS
Hay gestos que, en el lenguaje de la administración, se llaman 'reforzar la gestión'. En el lenguaje de la calle, se llaman 'tirar un caramelo para que no haya ruido'. Fernando Marlaska ha decidido soltar 290.850 euros destinados a ACNUR. El objetivo, según el papel oficial, es agilizar el asilo, poniendo el foco especialmente en las solicitudes de MENAS. Para quien maneje presupuestos de Estado, esa cifra es básicamente el cambio que sobra en la caja después de pagar las cenas de Navidad del ministerio. Sin embargo, mientras el ciudadano medio mira la cuenta del súper con pánico, aquí se despliegan casi trescientos mil euros con la naturalidad de quien pide una ración de bravas. Es la clásica ingeniería financiera del 'parche': ponemos dinero en una agencia externa para que el problema de los menores no immigrants no termine estallando en el despacho del ministro. Lo irónico es el contraste. Nos venden una 'gestión reforzada' mediante una transferencia bancaria, como si el asilo fuera una aplicación de móvil que se soluciona comprando una suscripción Premium. El dinero fluye hacia ACNUR, pero la burocracia, esa bestia lenta que devora expedientes, sigue ahí, intacta. Al final, el movimiento es más una cuestión de relaciones públicas que de eficiencia operativa. Se firma el cheque, se lanza la noticia y se espera que el ruido mediático sobre la situación de los menores se calme con el brillo de los 290.850 euros. Un movimiento maestro de distracción presupuestaria donde el problema real sigue esperando en la cola, pero ahora con un sello oficial de 'estamos en ello'.
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