Crítica:
El texto original es una crónica de hechos con una carga emocional alta, pero carece de contexto sobre quiénes son exactamente los 'invasores'. Se limita a narrar el caos sin cuestionar la logística previa del Ministerio.
La Policía de Marlaska reprime a golpes y con pelotas de goma a los ceutíes que impedían la entrada de una ...
Marlaska: alfombra roja a proetarras, goma a ceutíes
Otros artículos
Baleares subasta pateras para vaciar puertos
Hay una lógica perversa en la administración pública: cuando el problema es demasiado grande para resolverlo, lo convierten en un mercadillo. Baleares ha decidido que la mejor forma de limpiar sus puertos del colapso migratorio es jugar al 'al mejor postor'. PortsIB, la entidad que gestiona los muelles bajo el ala de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha puesto en marcha un plan para subastar los cayucos y motores que las mafias dejan tirados como quien olvida un paraguas en el autobús. El inventario es modesty: 26 pateras y 12 motores que ahora mismo ocupan un espacio que, en términos náuticos, vale oro. Mientras el Gobierno de Sánchez mantiene un silencio que Prohens ha calificado de «desesperante», la administración autonómica ha optado por la ingeniería administrativa. Para que el martillo de la subasta caiga, primero deben hacer el truco de magia legal de la 'declaración de abandono', ya que estas barcas no tienen matrícula ni dueño que quiera dar la cara. Es el equivalente a encontrar una bicicleta vieja en el portal y decidir que, tras un par de papeles, se puede vender en Wallapop para pagar la luz. El plan es sencillo: lo que sirva para navegar sin hundirse se vende; lo que sea un peligro público, se chatarra. Mientras tanto, el lote prioritario ha sido trasladado a Son Tous, como quien manda los trastos viejos al trastero antes de la mudanza. Al final, la ruta argelina no solo deja dramas humanos, sino un excedente de material flotante que la administración quiere monetizar para liberar espacio. Una solución brillante: combatir la crisis migratoria transformando los restos del naufragio en una fuente de ingresos para el erario público.
Marruecos despliega más imanes en España
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma la mitad de su sueldo, el Estado marroquí despliega una logística de precisión quirúrgica para que su fe no pierda terreno en suelo español. La Fundación Hassan II para los Marroquíes Residentes en el Extranjero, presidida por la princesa Lalla Meryem, ha decidido que 38 imanes en 2025 eran pocos para el menú del Ramadán. Para 2026, han subido la apuesta un 34%, aterrizando a 51 religiosos en España. Es una operación de 'marketing espiritual' donde Rabat no escatima: de una delegación global de 320 personas, nosotros somos el segundo destino favorito, solo superados por Francia. Lo fascinante es la arquitectura del tinglado. Hablamos de una institución pública cuyos presupuestos son un secreto a voces, esquivando el control parlamentario como quien esquiva un radar en la autopista. No es solo 'acompañamiento espiritual'; es diplomacia religiosa pura y dura. El objetivo es claro: que los jóvenes nacidos aquí, que ya tienen el DNI español, no olviden que el cordón umbilical religioso sigue anclado en el Reino de Mohamed VI. Para ello, cuentan con el Instituto Mohammed VI, una auténtica fábrica de imanes y predicadoras diseñada para exportar el modelo oficial. Pero el tablero se calienta. Mientras la Comisión Islámica tramitaba 230 invitaciones en 2025 —donde el Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos puso 55 y la Fundación Hassan II otras 46—, en Aragón han decidido cerrar el grifo. La consejería de Educación ha fulminado el Programa de Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), ese convenio que desde 1992 permite que funcionarios seleccionados por Rabat den clase en institutos españoles. Vox ha movido la ficha y el Gobierno regional ha respondido que el 'sentido común' dicta priorizar la cultura occidental, poniendo fin a una relación donde el profesorado venía con sello de calidad marroquí.
Voto sagrado: la memoria selectiva de Ferraz
Hay una gimnasia mental en Ferraz que ya quisiera para sí cualquier atleta olímpico. El PSOE, que ahora se pone la medalla de defensor del sufragio universal porque el Tribunal Supremo ha frenado los efectos electorales de la Ley de Nietos, parece haber olvidado que tiene un agujero de memoria del tamaño del País Vasco. Resulta que, mientras Montse Mínguez se llena la boca diciendo que 'el voto es sagrado', el partido de Pedro Sánchez ya tuvo la oportunidad de hacer ese voto sagrado para quienes realmente lo necesitaban y decidió que no era el momento. Retrocedamos a 2021. Ciudadanos, bajo el mando de Inés Arrimadas, llevó al Congreso una propuesta de ley sobre «Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo». No pedían la luna, sino algo tan básico como que los exiliados por la amenaza de ETA pudieran recuperar su derecho a voto y su nacionalidad, sin el baile burocrático del empadronamiento. Querían que quien huyó para no acabar en una fosa pudiera votar en su municipio como si el terror nunca hubiera pasado por allí. ¿La respuesta del PSOE? Pulsar el botón del rechazo con la misma naturalidad con la que uno tacha un producto caro de la lista de la compra. No estuvieron solos en el banquete del 'no'; Podemos, ERC, PNV, Bildu y Más País se sumaron a la fiesta del desprecio. Ahora, el Supremo advierte de un «peligro serio, fundado y real» sobre la objetividad de las próximas elecciones debido a la Ley de Nietos, y el PSOE se indigna. Es la clásica maniobra de quien critica que cierren el grifo hoy, habiendo sido ellos quienes cortaron la tubería hace tres años. Defender el voto solo cuando conviene al calendario electoral no es democracia, es marketing político de saldo.
El cazador de áticos vive de okupa
Hay una ironía deliciosa en el aire de Madrid, de esas que te hacen preguntarte si la ética es un producto de temporada o un accesorio que solo se usa para las fotos oficiales. Javier Flores, el abogado que se ha puesto la capa de paladín de la transparencia para denunciar la compra de un ático en Chamberí por 6,3 millones de euros, resulta que tiene un concepto muy flexible de la propiedad privada cuando se trata de su propio techo. Mientras el letrado se desvive en el Tribunal de Cuentas exigiendo que se rastree cada céntimo de Planifica Madrid, en el sur de la capital aplica una ingeniería financiera bastante más rudimentaria: no pagar el alquiler. No estamos hablando de una lucha épica contra un fondo buitre o una SOCIMI con sede en Delaware. No. El 'estrangulamiento económico' lo sufre un ciudadano de a pie, un pequeño ahorrador que puso sus esperanzas en un piso para su familia y acabó con un jurista atrincherado en el salón. Es el clásico contraste entre el discurso de salón y la realidad del pasillo. Flores critica que la Comunidad de Madrid no aclarara si el inmueble de millones era residencial o institucional, pero él no aclara cómo piensa pagar la deuda acumulada mientras sus perros pasan el día encerrados, según quejan los vecinos. La justicia ordinaria, impulsada también por Iustitia Europa, decidirá si hay delito en la operación de Ayuso. Pero mientras la juez decide si hay aforados en el ajo, la superioridad moral de Flores se ha evaporado. Resulta fascinante que quien pide luz y taquígrafos para el dinero público prefiera el apagón y el silencio absoluto cuando el dueño de su casa le pide las llaves. Al final, la regeneración democrática parece que se queda en el papel, mientras que el impago sistemático es la verdadera práctica profesional.
Sánchez pone el 'bozal' a la jefa CNI
En la Moncloa han descubierto que el silencio es el mejor lubricante para que los escándalos resbalen. Pedro Sánchez ha decidido que Esperanza Casteleiro, la jefa del CNI, no tiene por qué pisar la moqueta del Congreso, convirtiendo la Comisión de Secretos Oficiales en un club exclusivo al que la directora no ha sido invitada desde mayo de 2022. Mientras nosotros contamos los céntimos para que el ticket del súper no nos dé un infarto, el Gobierno juega al escondite con la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, donde 80.000 personas entraron en territorio español con un 'visto bueno' marroquí que el CNI, según Sánchez y Grande-Marlaska, no supo avisar a tiempo. La jugada es maestra: el presidente reprochó la labor de sus espías en público, dejándolos colgados de la camiseta, pero ahora frena que Casteleiro dé su versión. Margarita Robles intenta hacer de escudo, diciendo que no tiene obstáculos para comparecer, pero la realidad es que en este tablero el Rey mueve las piezas y las demás solo miran. Casteleiro, una veterana que entró en el Cesid en 1983 y ha pasado por Cuba y Portugal, ha roto una tradición sagrada. Sus predecesores, desde Jorge Dezcallar hasta Paz Esteban, pasaron por el Congreso para rendir cuentas sobre vuelos de la CIA o el caso Pegasus. La estrategia de Sánchez es el clásico 'esperar a que baje el suflé'. Es la misma técnica que aplica con la DANA de Valencia o las joyas de Zapatero: aguardar a que el ruido mediático se enfríe o que aparezca un nuevo incendio que solape el anterior. Mientras tanto, la Comisión de Secretos, donde los diputados dejan el móvil en una caja como si estuvieran entrando en un examen de selectividad, sigue esperando a una directora que prefiere la obediencia al ritmo gubernamental que la transparencia parlamentaria.
Transición Ecológica: el gran mecenas de Prisa
Hay una forma muy elegante de decir que te gusta alguien: darle casi la mitad de tu cartera sin mirar el saldo. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, bajo el mando de Sara Aagesen, ha decidido que la mejor forma de salvar el planeta es, aparentemente, salvar las cuentas del Grupo Prisa. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira el precio del aceite como quien mira una película de terror, el Ministerio ha soltado 403.371,41 euros al gigante de Gran Vía. Es el 40,93% de una partida total de 985.512 euros destinada a publicidad en radio para 2025. Un sablazo con clase. La ingeniería financiera es fascinante. De ese botín, la Cadena SER se llevó la parte del león con 258.491,43 euros, seguida por Los 40 Principales con 94.087,57 euros y la Cadena Dial con 50.792,41 euros. Incluso rescataron el entorno digital de la SER con una propina de 2.030,17 euros. Todo esto salió a la luz gracias a que THE OBJECTIVE decidió jugar al detective y tirar de la Ley de Transparencia de 2013, enviando una solicitud el 9 de agosto de 2026 que el subsecretario del Ministerio respondió el día 20, adjuntando los anexos con el IVA incluido, para que no quedara duda del gasto. Lo más delirante no es solo la concentración de fondos, sino la hiperactividad del ministerio. Con 20 campañas en radio, 26 en gráficos y 25 en digital, el Ministerio de Aagesen multiplica por diez la media de cualquier otra cartera gubernamental. Reparten el pastel así: televisión 24,22%, digital 21,31%, gráficos 18,75%, radio 18,26% y exterior 15,11%. El cine se lleva las migajas con un 1,82%. En resumen, mucha ecología en el discurso, pero una ecología muy selectiva a la hora de regar los jardines de Prisa.
CSIC: Más comités, más plantilla y más presupuesto
Montar un comité de sostenibilidad es, hoy en día, el equivalente institucional a ponerse una planta en el escritorio para sentirse ecologista. El CSIC ha decidido llevar esto al nivel industrial: cerró 2025 con 94 comités, habiendo fabricado 54 nuevos en un solo año. Ya están presentes en el 76% de sus centros. Es una maquinaria de generar actas y reuniones que, según la Memoria Anual 2025, se traduce en más de 850 actuaciones sostenibles. Muy loable, siempre que no gasten más papel en los informes que el CO2 que ahorran. Pero el dato que realmente muerde es el crecimiento de la plantilla. De 13.888 personas en 2022 pasamos a 17.471 en diciembre de 2025. Un incremento del 26% que suena a gloria en el currículum, pero que en la calle se traduce en una estructura que engorda mientras la presidenta, Eloísa del Pino, admite que tienen 'retos de gestión' y que necesitan un presupuesto 'suficiente'. Es la eterna paradoja: tenemos más gente, pero seguimos pidiendo más dinero para que la maquinaria no chirríe. En el tablero económico, el CSIC mueve cifras que marean. 6.308 proyectos vigentes con una financiación total de 1.381,6 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el organismo tuviera una tarjeta de crédito sin límite mientras el resto de los mortales peleamos con la factura de la luz. La anualidad de 2025 fue de 269,9 millones, repartidos principalmente entre ciencias de la vida (3.756 proyectos) y materia (2.058). Madrid se lleva la tajada más gorda con 2.429 acciones, seguida de Andalucía y Cataluña. Entre patentes (145 nuevas) y regalías (3,28 millones de euros), el CSIC juega a ser empresa. Sin embargo, la realidad es que el talento se escapa. Del Pino reconoce que urge mejorar la carrera técnica y el modelo de productividad. En resumen: muchos comités, miles de publicaciones y millones en el banco, pero la gestión sigue siendo el agujero negro donde se pierde la eficiencia.
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