Crítica:
La noticia es un despliegue de 'yo avisé' muy conveniente para Vivas, pero deja un vacío enorme sobre por qué el CNI no escaló la alerta más allá de la Delegación. Es periodismo de declaración, no de investigación.
Vivas intentó «contactar al menos 10 veces» con Sánchez antes de la entrada masiva en Ceuta
Sánchez dejó en 'visto' a Ceuta
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Maricarmen: de alquiler regalado a bandera política
Hay que tener una imaginación envidiable para convertir un privilegio inmobiliario en una tragedia ideológica. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años desahuciada del barrio de Retiro, es una «víctima de una legislación machista y retrógrada» del franquismo. Resulta fascinante: la señora vivió siete décadas en un piso pagando una renta de 200 euros, más unos 220-250 euros de gastos. En términos de calle, Maricarmen ha disfrutado de un alquiler mensual inferior a lo que hoy cuesta una cena mediocre para dos en el centro de Madrid, gracias a las rentas antiguas reguladas por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Lo irónico es que el BOE ahora usa su desahucio como combustible emocional para aprobar decretos de vivienda, mientras olvida convenientemente que fue el propio PSOE de Felipe González quien, con el decreto Boyer de 1985 y otra norma de 1994, dinamitó esos mismos alquileres vitalicios. El Gobierno actual la pinta como víctima de la dictadura, pero la realidad es que Maricarmen fue la beneficiaria de un sistema que congeló los precios mientras el resto del mundo sufría la inflación. Mientras la Puerta del Sol se llenaba de acampadas, Moncloa lanzaba dos decretos: uno 'estratégico' para que PNV y Junts no se espanten —con protección contra desahucios hasta 2030 y prohibición de fondos buitre hasta 2028— y otro más 'revolucionario' para el Sindicato de Inquilinas que busca la renovación automática de contratos. Al final, Maricarmen es el rostro perfecto para el marketing político: una abuela vulnerable que sirve para justificar leyes nuevas, aunque haya vivido 70 años pagando una miseria que cualquier propietario actual consideraría un acto de caridad cristiana.
Sánchez dejó en 'visto' a Ceuta
Hay una diferencia abismal entre tener el teléfono más caro del mercado y saber contestar una llamada cuando el patio se está incendiando. Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, acaba de contarle a la juez María Tardón que intentar hablar con Pedro Sánchez entre el 27 y el 29 de julio fue como intentar pillar cita con el dentista en vísperas de Navidad: imposible. Diez llamadas. Diez intentos de avisar que la situación estaba al límite y lo único que recibió fue el eco del silencio o, con suerte, tres respuestas tibias de un director de Gabinete que probablemente estaba más pendiente de la agenda de verano que de la frontera. Mientras el CNI soltaba la alerta el 29 de julio a las 13:52 horas —avisando que había 180.000 seguidores en redes sociales organizando un 'asalto por valla y mar'—, en Moncloa parecían estar en modo avión. Para cuando llegaron los 80.000 marroquíes los días 30 y 31 de julio, el aviso de riesgo 'EXTREMO' del CENIF ya era un mueble más de la oficina. Vivas pidió emergencia nacional y mando único, pero el Ejecutivo central decidió que los refuerzos de seguridad eran un lujo prescindible. Ahora, en los pasillos de la Audiencia Nacional, se habla de ataques a la integridad territorial y organización criminal. Vivas se marcha 'satisfecho' de declarar, aunque deja caer que el exdelegado Miguel Ángel Pérez Triano tiene la llave de algunas respuestas. Es la clásica historia de la administración: el de abajo grita que el barco se hunde y el de arriba responde que no puede atender la llamada porque está en una reunión. Solo que aquí, el naufragio no fue una metáfora, sino una entrada masiva que el Estado vio venir en el móvil y decidió ignorar.
Censo de 'nietos': el surrealismo electoral madrileño
Hay algo fascinante en la burocracia española: la capacidad de convertir un árbol genealógico en una herramienta de ingeniería electoral. La 'ley de nietos', diseñada para sanar heridas históricas de exiliados entre 1936 y 1955, ha terminado siendo el 'vale todo' de los censos madrileños. En Collado Villalba, Mariola Vargas ha soltado la alarma: el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ha subido un 19% respecto a 2019. Hablamos de 227 nuevos votantes que elevan la cifra a 1.439 personas. Para un pueblo de 67.000 habitantes, que el 3% del censo sea gente que probablemente no sabe dónde queda la plaza del pueblo es, cuanto menos, curioso. Pero el surrealismo alcanza cotas estratosféricas en Tres Cantos. Jesús Moreno se pregunta cómo es posible que haya 215 nuevos inscritos en un municipio que nació en 1991. Es matemática básica: nadie puede ser descendiente de un exiliado político de Tres Cantos porque el pueblo no existía cuando la gente huía del país. Es como intentar reclamar una herencia de un abuelo que vivió en un edificio construido ayer. Y luego tenemos el caso de Madarcos, la joya de la corona del absurdo. En el municipio más pequeño de Madrid, con apenas 70 vecinos, hay más votantes en el CERA que personas viviendo físicamente en el pueblo. Básicamente, el pueblo es un cascarón donde los residentes reales son minoría frente a los 'nietos' invisibles. Mientras Isabel Díaz Ayuso pide a la JEC que se acabe el registro automático y se exijan papeles reales, los alcaldes miran el censo como quien mira la factura de la luz tras un invierno helado: con horror y la sensación de que alguien les está tomando el pelo.
Tienda Quechua para el piso de Yolanda
Hay una ironía deliciosa en ver que el 15M, aquel movimiento que nació gritando que 'no nos representan', haya terminado fabricando vicepresidentes que ahora piden movilizarse contra su propio espejo. El escenario es la Puerta del Sol, donde centenares de personas acampan esperando que Pedro Sánchez, en un arranque de generosidad temporal, apruebe este martes un real decreto sobre vivienda. Todo esto detonado el 23 de septiembre por el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que ha logrado que el Ejecutivo diga que trabaja 'contra reloj'. Claro, porque después de ocho años en el sillón, parece que el reloj acaba de llegar a la oficina. Ana Rosa Quintana, con el bisturí afilado, ha recordado que mientras el ciudadano medio lucha por no terminar viviendo en un cajón, el Gobierno presume de una 'ausencia de competencias' casi mística. Para la presentadora, el balance es un agujero negro: 300.000 desahucios (con Cataluña llevando la delantera) y una promesa de construcción de viviendas que se quedó en el aire, muy lejos del millón de casas prometidas. Es la danza de la incompetencia: si hay un apagón, es culpa de las eléctricas; si hay una DANA, de la Generalitat; si hay caos en Ceuta, de Vivas. Un gobierno que no es responsable de nada, excepto de existir. Pero el plato fuerte llega con Yolanda Díaz. La vicepresidenta, en la 49ª Fiesta del PCE junto a CCOO y UGT, sugirió movilizarse contra el Gobierno de España. Ana Rosa ha traducido esto al lenguaje de la calle con una propuesta disruptiva: que Yolanda monte su tienda Quechua frente a su propia casa de 443 metros cuadrados en la Castellana. Porque no hay nada más vanguardista que protestar contra la precariedad desde un piso que tiene más espacio que algunos colegios públicos. Como dice la rubia: 'no hay pan para tanta chistorra'.
Menopausia: la gincana farmacéutica de los estrógenos
Imagínate despertar con un sofoco que podría derretir el asfalto de agosto y descubrir que tu tratamiento es ahora un objeto de coleccionista. Para unas 400.000 mujeres, la menopausia ha dejado de ser un proceso biológico para convertirse en una gincana urbana: recorrer diez farmacias buscando un bote que no existe. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) admite que el suministro de cuatro fármacos clave está más roto que una silla de plástico en un parque público. El caso de Lenzetto es la joya de la corona del despropósito. Un problema con el difusor desde marzo ha dejado a miles en el aire. La AEMPS dice que todo volverá a la normalidad en noviembre, pero luego suelta la bomba: la colaboración del laboratorio ha sido 'poco eficiente' y el plazo es 'poco fiable'. Traducción: nos están vendiendo la moto y probablemente no haya nada en noviembre. Mientras tanto, el efecto dominó hace estragos. Al no haber Lenzetto, todo el mundo saltó sobre los parches Evopad y Estradot, colapsando el stock. Para rematar la faena, Estradot ha decidido cerrar el chiringuito y dejar de comercializarse. Luego tenemos a Bijuva, que tras suspender la fabricación y el envasado durante meses, ahora sufre un 'embotellamiento' de pedidos que promete despejarse a finales de noviembre. ¿La solución del Ministerio de Sanidad? Llamar a los laboratorios para que financien alternativas como el gel Oestraclin, que sí hay stock, pero que los laboratorios han pasado de financiar. Básicamente, el Estado pide el favor y la industria responde que no le interesa el negocio si no hay margen suficiente. Al final, el ciudadano paga el pato y los sofocos, mientras Climodien desaparece del mapa mundial porque a la empresa le ha parecido una buena idea dejar de venderlo, confiando en que el 14% de cuota de mercado que deja vacío no sea un problema. Un despliegue de empatía corporativa digno de un premio.
Pujol: Alzheimer para el juez, agenda llena
Hay una magia casi mística en la salud de ciertos personajes públicos: una capacidad camaleónica para estar 'demasiado enfermo para el juez' pero 'perfectamente lúcido para el brindis'. Jordi Pujol, el patriarca que durante 30 años jugó al escondite con una fortuna en Andorra, ha descubierto que el Alzheimer es un traje a medida que se puede quitar y poner según la agenda. Tras eludir un proceso judicial que le reclamaba nueve años de cárcel por una ingeniería financiera familiar que haría palidecer a cualquier banquero suizo, el 'expresident' ha vuelto a la carga con una agenda más apretada que la de un candidato en campaña. La coreografía es perfecta. Primero, el blindaje médico: marcadores de Alzheimer y una memoria verbal en ruinas que lo exoneraron por incapacidad. Pero, ¡milagro! Apenas seis meses después, el nonagenario recupera la oratoria para dar lecciones de realismo político. Desde el Palau de la Generalitat en 2024 hasta el Palau de Pedralbes en 2025, Salvador Illa ha oficiado como el anfitrión de esta rehabilitación, recibiéndolo con la naturalidad de quien saluda a un vecino, ignorando que la causa contra sus siete hijos por blanqueo y asociación ilícita sigue esperando sentencia. El calendario de octubre es el colmo del surrealismo. El lunes 5, Pujol rendirá tributo a Lluís Prenafeta, su mano derecha de los 80 y condenado en el caso Pretoria. Mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación, el entorno convergente organiza mesas redondas con figuras como José Antich y Vicent Sanchis para pulir el legado del patriarca. Entre visitas a los Gegants de Convergència en Mataró y guiños en la Pedrera con Víctoria Asina, Pujol se pasea por una Cataluña que, aunque él admita que ya no lo incluye, sigue siendo su tablero de juego. Una rehabilitación sin rebozo donde la ética es un accesorio opcional.
City: El 'estafador' del fútbol inglés
El Manchester City ha jugado la lotería de la transparencia y le ha tocado el premio gordo: culpable en 114 de 115 cargos. Para quien no hable 'idioma despacho', esto significa que el club ha gestionado sus cuentas como quien esconde el ticket del restaurante para que no lo vea la pareja. No es un error de cálculo; es una arquitectura financiera diseñada para que el dinero fluyera desde Abu Dabi sin dejar rastro en el radar de la Premier League. Empecemos por Roberto Mancini. El técnico cobraba un salario base de 1,45 millones de libras, pero tenía un 'segundo contrato' paralelo de 1,75 millones anuales como consultor del Al Jazira. Básicamente, le pagaban por dedicar cuatro días al año a labores técnicas, una especie de 'vacaciones pagadas' que el City olvidó mencionar en los papeles oficiales. El dinero hacía un baile complejo: de la sociedad Italy International Services al Abu Dhabi United Group (ADUG) y finalmente al bolsillo del italiano. Una ingeniería financiera que haría sonrojar a cualquier gestor de fondos. Luego están los jugadores. Yaya Touré, por ejemplo, recibió pagos de 4 millones de euros y 4 millones de libras a través de DS Management Ltd y el ADUG. En el mundo real, eso es como si tu jefe te pagara el alquiler directamente al casero para no subirte el sueldo en la nómina y evitar impuestos. Y los patrocinios... ahí está el verdadero festín. Etisalat y Etihad Airways eran la fachada. Mientras el mundo veía contratos millonarios, la UEFA ya sospechaba que el ADUG ponía la pasta. En el caso de Etisalat, de 16,5 millones de libras, solo 1,5 eran reales; el resto era un 'regalo' del dueño disfrazado de publicidad. Para rematar, el City se comportó como un adolescente pillado en una mentira: 30 cargos por falta de colaboración entre 2018 y 2023. Se negaron a entregar papeles alegando confidencialidad, lo que ya les costó una multa de 10 millones de euros con la UEFA. Ahora, con las PSR y las normas financieras en contra, el City se enfrenta a un abismo que podría borrar sus títulos o, en el peor de los casos, mandarlos a jugar contra equipos que no saben ni dónde está el estadio Etihad.
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