Crítica:
La noticia es un esqueleto vacío; menciona 'tensión social' y 'disturbios' pero no explica la causa real del enfado ciudadano. Es propaganda gubernamental disfrazada de informativo.
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Redondo: el piso con descuento 'VIP'
En el barrio de Salamanca, el aire es puro, pero los precios son pura fantasía. O eso es lo que ocurre cuando no eres Iván Redondo. El ex gurú de Moncloa ha logrado una proeza financiera que cualquier ciudadano, mientras lucha contra la inflación y ve cómo el alquiler se come su sueldo, calificaría de 'milagro'. Redondo y su mujer se hicieron con un piso de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León por 1.120.921 euros. Un precio que, visto así, parece un sablazo, pero que en la realidad del mercado es casi una oferta de liquidación. La hipocresía se sirve fría y con datos del propio vendedor. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que actúa como inmobiliaria del Estado, vendió el piso de Redondo el 16 de septiembre de 2025 mediante adjudicación directa. Sin puja, sin sudar la gota gorda, simplemente aprovechando su condición de inquilino. Sin embargo, el 5 de marzo de 2026, la misma TGSS sacó a subasta un ático en el mismo bloque. El resultado fue un despliegue de avaricia competitiva: se adjudicó por 1.510.000 euros, un 64% más de su valor estimado. Aquí llega la traducción para los mortales: el metro cuadrado del ático se pagó a 15.894 euros. Si aplicamos esa misma tarifa al piso de Redondo, la cuenta subiría a 2.336.418 euros. El ex asesor se ha ahorrado, básicamente, 1.215.497 euros. Es como si tú fueras al supermercado y, por ser 'conocido del dueño', te cobraran el kilo de jamón a precio de salchichón, mientras que el vecino, que llega cinco minutos después, paga el triple. Redondo pagó solo 7.625 euros por metro cuadrado, mientras el mercado gritaba que valía el doble. Un ahorro millonario que se firma con una hipoteca de 769.000 euros a 30 años y un silencio sepulcral ante las preguntas.
Redondo: piso más grande y más barato
En el barrio de Salamanca, el aire huele a perfume caro y a una aritmética que no cuadra ni con calculadora científica. Resulta que la Seguridad Social ha jugado a dos juegos distintos en el mismo edificio de la calle Diego de León. Por un lado, tenemos el 'menú degustación' para el ciudadano común: un ático de 95 metros que el 5 de marzo de 2026 salió a subasta pública. El resultado fue un sablazo de 1.510.000 euros, lo que traduce el metro cuadrado a unos 15.894 euros. Básicamente, pagar el precio de un riñón por cada baldosa. Pero luego está el 'menú VIP' de Iván Redondo. El exjefe de gabinete de Pedro Sánchez se ha hecho con un piso de 147 metros —un 48% más grande que el ático— por la módica cifra de 1.120.921 euros. Mientras el comprador del ático pagó el precio completo, Redondo abonó unos 7.625 euros por metro. Es una diferencia de casi 400.000 euros que, en el mundo real, es como si fueras al supermercado y a ti te cobraran el kilo de jamón a precio de oro mientras que al vecino le dejan pasar con un cupón de descuento del 50% solo por ser 'el amigo del dueño'. La ingeniería financiera es sencilla: adjudicación directa el 16 de septiembre de 2025, saltándose la subasta gracias a su derecho de adquisición preferente como inquilino. Para darle color al asunto, la operación fue firmada por Rodrigo Francisco Mares Ramírez, director de la Tesorería en Madrid y actual figura en el caso Plus Ultra. Redondo no tuvo que pujar ni sudar; simplemente firmó una hipoteca de 769.000 euros a 30 años, con vencimiento en 2055. En un edificio donde la última venta directa sin subasta desierta fue en 2016, Redondo ha logrado que la ley de arrendamientos urbanos le sirva de alfombra roja hacia una finca privilegiada con sol y vistas, ahorrándose un dinero que, si hubiera pujado, habría superado los 2 millones de euros.
Nacionalidad exprés: bisabuelos y 'pósits' olvidados
Hay quien dice que la ley es el marco del juego, pero en el Consulado de España en México parece que juegan al Monopoly con el dinero y el prestigio público. El 14 de mayo de 2025, el Gobierno le regaló el pasaporte español a Felipe Salvador Ruiz de Velasco, un caballero de 93 años que tiene la ascendencia española tan lejana como un recuerdo de primaria. El señor no tiene padres ni abuelos españoles; su único vínculo es un bisabuelo, Tomás Ruiz de Velasco Saínz de Baranda, que pasó a mejor vida en 1889. Sí, han leído bien: el bisabuelo murió casi medio siglo antes de que empezara la Guerra Civil. Intentar colar a un bisabuelo del siglo XIX en la Ley de Memoria Democrática es como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento caducados desde los años 80. La ley es para hijos y nietos de exiliados, no para quien tenga un ancestro que haya visto nacer a la Restauración borbónica. Lo más surrealista es que un funcionario del consulado dejó un 'pósit' —el grito de auxilio analógico de la burocracia— advirtiendo: «¡Ojo no le corresponde! Cancelar próximamente». Pero en este tablero, el 'pósit' no pesa más que la palabra del jefe. La orden llegó directa del embajador Juan Duarte, un personaje que, además de este 'estirón' administrativo, colecciona denuncias por acoso laboral. Este caso no es un desliz, es un sistema. Tenemos a Juan G., nacionalizado el 9 de junio de 2023, un 'alto cargo' amigo del cónsul que entró en el censo justo antes del 23-J sin papeles que acreditar su origen. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado, aquí se reparten nacionalidades como si fueran caramelos en una fiesta infantil. Con 2,4 millones de solicitudes sobre la mesa y una interpretación elástica firmada por Sofía Puente, la ley de nietos se ha convertido en un coladero donde la memoria democrática se confunde con la conveniencia electoral.
Renfe: Entre 'el chalecazo' y viajes VIP
Hay una receta clásica para el desastre corporativo: un jefe que llega con aires de salvador, llama 'puta' a su propia casa y luego se sorprende de que los empleados no le inviten a las cañas. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, decidió que la mejor forma de 'profesionalizar' la compañía era soltar un diagnóstico demoledor a principios de 2025 ante el órgano mixto con la Generalitat de Cataluña. Según Heredia, en Renfe reina la 'dejadez' y una 'cultura de incumplimiento'. Básicamente, dice que la empresa funciona con la misma eficiencia que un mando a distancia sin pilas. Mientras el usuario medio lucha contra retrasos que parecen eternos, la cúpula se dedica a la gimnasia organizativa. El 2 de junio, Heredia ejecutó una reorganización de su Gabinete de Presidencia que los internos califican de 'barbaridad'. Es como intentar arreglar una gotera moviendo los muebles de sitio. Pero el surrealismo alcanzó su pico en enero de 2026 con 'el chalecazo': los maquinistas de Rodalies, hartos de que la gestión fuera tan deficiente como el material móvil, lanzaron sus chalecos a los pies del presidente tras el trágico accidente en Gelida que dejó dos muertos. Un gesto lapidario que dice más que cualquier PowerPoint. La hipocresía se sirve fría. Mientras el Sindicato de Maquinistas Semaf convoca una huelga para el 29 de octubre denunciando un bloqueo administrativo en seguridad ferroviaria, Heredia se escapaba a Japón con su número dos. El destino no es casual: asistieron a un evento de la IHRA, donde Hitachi —que compite por una licitación de 4.000 millones de euros para nuevos trenes— es protagonista. Mientras en Valencia los maquinistas piden parar los trenes por lluvias y Renfe los tacha de 'arbitrarios', el presidente prefiere mirar el modelo nipón. Quizás es que en Japón los chalecos no vuelan.
Puertas giratorias y contratos 'a dedo' valencianos
Hay quienes necesitan años de estudio y noches en vela para montar un negocio, y luego está Carles Arques. El exdirigente del PSPV ha descubierto el secreto del éxito emprendedor: que tus antiguos colegas sigan mandando. Su empresa, EU Local Affairs SL (que se vende con el nombre más aséptico posible, Euromunicipal), nació el 28 de octubre del año pasado y, en lugar de pasar por el valle de lágrimas del emprendimiento, aterrizó directamente en el colchón de los fondos públicos. En menos de un año, se ha embolsado 229.240 euros. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una hipoteca, Arques ha facturado el equivalente a varias casas sin despeinarse. La técnica es la vieja y confiable 'ingeniería del contrato menor'. Quince adjudicaciones directas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 repartidas en 14 municipios. El patrón es casi poético: once de esos contratos rozan los 14.000 euros, bailando justo debajo del límite legal de los 15.000 euros para evitar que alguien tenga que publicar un anuncio en el BOE y pedir presupuestos a otros. Es el arte de pasar desapercibido mientras se llena la cuenta. Desde los 9.680 euros de Aldaya (bajo el mando de Guillermo Luján) hasta los 17.850 euros de Puebla de Vallbona, firmados justo antes de que el PP tomara el mando con Jaime Ruix, el mapa de clientes parece el directorio telefónico del socialismo valenciano. Incluso Alcácer, gobernado por el PP, entró al trapo con dos contratos que suman 35.332 euros por la misma 'Agenda Urbana', un movimiento que huele a fraccionamiento de contrato desde aquí. Arques, que ya fue asesor en la Delegación del Gobierno y en la Diputación de Valencia bajo Bartolomé Nofuentes, ha pasado de gestionar los fondos europeos a cobrar por decir cómo gestionarlos. Una transición profesional tan fluida que asusta.
Mínguez dimite: rentistas en casa, discursos fuera
Hay una danza muy particular en las altas esferas de la política: mientras el discurso oficial se ensaña con los rentistas, en el salón de casa se gestionan holdings que harían palidecer a cualquier inversor de Wall Street. Montse Mínguez, la ex portavoz del PSOE, ha decidido hacer un 'paso atrás' —traducción: salir por la puerta de atrás— tras descubrirse que su pareja, Sergi Vélez, tiene una relación muy creativa con el concepto de 'colaboración ciudadana'. Resulta que el fisco de Andorra le envió diez notificaciones. Diez. Para quien no sepa leer el lenguaje de la administración, ignorar diez avisos no es un despiste, es un deporte de riesgo. El asunto es sencillo: la Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales buscaba datos sobre el padre de Vélez, José Luis Vélez Burrell, un promotor inmobiliario nacido en Lérida en 1952 que se nacionalizó andorrano en 2013. El señor falleció en un accidente cerca de Lisboa dos años antes del edicto, pero sus cuentas dejaron un rastro que el Estado español quería seguir por un presunto delito tributario. La hipocresía tiene un precio exacto. Mientras Mínguez predicaba austeridad, su pareja controlaba un holding con 30 inmuebles en España y unos ingresos declarados de 1,3 millones de euros el año pasado. Y para rematar el cuadro, el Ayuntamiento de Lérida le perdonó una deuda de 300.000 euros justo cuando Mínguez era concejal de Economía. Un sablazo al erario público que se gestionó con la naturalidad de quien pide un café. El Gobierno de Andorra tuvo que publicar un edicto el 1 de octubre de 2020 en el BOPA porque Sergi Vélez y su hermana Núria jugaban al escondite con la ley. Al final, Mínguez dimite diciendo que es 'lo mejor para el proyecto colectivo'. Claro, porque el proyecto colectivo no encaja bien con los paraísos fiscales y los perdones millonarios.
Sánchez y Junts: pacto de barro contra Grinda
Mantener la silla en Moncloa es, al parecer, un deporte extremo que justifica cualquier pirueta ética. No hablamos de negociar presupuestos o repartir ministerios, sino de entrar en el terreno del barro más denso. Según los papeles que ha rescatado THE OBJECTIVE de un sumario de la Audiencia Nacional, las 'cloacas' del PSOE no solo estaban dispuestas a todo, sino que diseñaron un plan de demolición personal contra el fiscal Anticorrupción José Grinda. La estrategia era tan rudimentaria como cruel: fabricar mentiras, inventar desviaciones sexuales y salpicar incluso a la familia del fiscal para convertirlo en un paria. Todo esto no era un capricho, sino una moneda de cambio, un 'vale por un favor' para Junts y Carles Puigdemont. El documento de 44 páginas lee como un guion de serie B donde la verdad es un estorbo. Querían que Junts lanzara la denuncia el día 12, usando información falsa como un ariete para tumbar causas espinosas como el 3 por ciento, el caso Pujol o las indagaciones sobre Aigües de Girona. Es la ingeniería financiera del chantaje: cambiar la honorabilidad de un funcionario por la supervivencia política de un Gobierno. En el camino, no dudaron en señalar a Consuelo Madrigal o a mandos de la Guardia Civil, tratando la justicia como si fuera una lista de la compra donde se tachan nombres según convenga al calendario electoral. Lo más delirante es ver cómo se obsesionaban con un policía de la UDEF llamado Fran, creyendo que eliminar el eslabón más débil haría colapsar todo el castillo de naipes. Mientras el ciudadano medio lucha por pagar la luz, en los despachos del poder se fraguaba una alianza de conveniencia basada en el fango, donde el objetivo no era la justicia, sino que el tablero siguiera configurado a su favor. Una danza macabra entre el socialismo y el independentismo con el fiscal Grinda como sacrificio ritual.
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