Crítica:
El texto original es una joya del dato duro, pero peca de ser demasiado descriptivo y poco analítico sobre la implicación ética. Le falta profundizar en por qué esa tasación pericial fue tan dispar respecto al mercado real.
El Gobierno vendió por 400.000 euros más que el de Iván Redondo un piso 52 metros más pequeño en el mismo edificio
Redondo: piso más grande y más barato
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Revolucionarios de WhatsApp: quemar Starbucks contra Ayuso
Hay una romantización del caos que solo se puede cultivar desde la comodidad de un sofá, con el Wi-Fi funcionando y un café en la mano. Resulta fascinante observar cómo el Sindicato de Estudiantes, específicamente en el grupo de WhatsApp 'Corredor del Henares', ha decidido que la pedagogía ya no es suficiente y que lo que Madrid necesita es un toque de 'estilo parisino'. No hablan de urbanismo, sino de incendios. La consigna es clara: imitar los disturbios de París, Lille o Marsella, porque aparentemente, si el Ayuntamiento de Limoges ardió, el de Madrid tiene que ser el siguiente en la lista de deseos. La ingeniería moral de estos jóvenes es digna de un premio: proponen no tocar el comercio local —porque el tendero del barrio es 'pueblo'—, pero sugieren que Apple y Starbucks pueden arder sin remordimientos. Es la lógica del 'vandalismo gourmet'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la inflación y mira la cuenta bancaria como quien mira una película de terror, estos estrategists del teclado planean el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez, como el día ideal para 'espabilar y quemar las calles'. La tensión ha escalado hasta el punto de que Isabel Díaz Ayuso tuvo que ser evacuada tras pasar 40 minutos 'secuestrada' en un acto, un preludio incómodo de lo que la presidenta llama la 'izquierda antidemocrática'. Lo más irónico es que el único freno a esta 'revolución' no es la ética ni el miedo a la ley, sino el temor a quedar en ridículo. Algunos admiten que no están lo suficientemente unidos y que intentar importar el caos francés podría hacer que 'nos miren peor'. Al final, la gran tragedia de estos revolucionarios de WhatsApp no es la falta de gasolina, sino que se dan cuenta de que, fuera del chat, la calle no baila a su ritmo.
Redondo: el piso con descuento 'VIP'
En el barrio de Salamanca, el aire es puro, pero los precios son pura fantasía. O eso es lo que ocurre cuando no eres Iván Redondo. El ex gurú de Moncloa ha logrado una proeza financiera que cualquier ciudadano, mientras lucha contra la inflación y ve cómo el alquiler se come su sueldo, calificaría de 'milagro'. Redondo y su mujer se hicieron con un piso de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León por 1.120.921 euros. Un precio que, visto así, parece un sablazo, pero que en la realidad del mercado es casi una oferta de liquidación. La hipocresía se sirve fría y con datos del propio vendedor. La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), que actúa como inmobiliaria del Estado, vendió el piso de Redondo el 16 de septiembre de 2025 mediante adjudicación directa. Sin puja, sin sudar la gota gorda, simplemente aprovechando su condición de inquilino. Sin embargo, el 5 de marzo de 2026, la misma TGSS sacó a subasta un ático en el mismo bloque. El resultado fue un despliegue de avaricia competitiva: se adjudicó por 1.510.000 euros, un 64% más de su valor estimado. Aquí llega la traducción para los mortales: el metro cuadrado del ático se pagó a 15.894 euros. Si aplicamos esa misma tarifa al piso de Redondo, la cuenta subiría a 2.336.418 euros. El ex asesor se ha ahorrado, básicamente, 1.215.497 euros. Es como si tú fueras al supermercado y, por ser 'conocido del dueño', te cobraran el kilo de jamón a precio de salchichón, mientras que el vecino, que llega cinco minutos después, paga el triple. Redondo pagó solo 7.625 euros por metro cuadrado, mientras el mercado gritaba que valía el doble. Un ahorro millonario que se firma con una hipoteca de 769.000 euros a 30 años y un silencio sepulcral ante las preguntas.
Francia: Toques de queda para evitar líos
Francia ha decidido que la mejor forma de arreglar el barrio es apagando la luz y echando a todo el mundo a casa. El primer ministro, Sebastién Lecornu, ha jugado la carta del 'encierro preventivo' este lunes 19 de octubre de 2026, lanzando toques de queda que parecen sacados de una película de época pero con presupuesto moderno. La lista de invitados a este silencio forzado empieza por Lille y se extiende a Douai, Wattignies y Denain. El horario es tajante: de las 20:00 de hoy hasta las 06:00 del martes. Básicamente, si no estás en tu sofá, eres sospechoso. Lecornu, moviéndose con la cautela de quien no quiere romper el jarrón pero ya ha sentido el viento del caos, ha evitado la palabra 'emergencia'. No quiere el ruido mediático de un estado de sitio, prefiere el bisturí: toques de queda 'puntuales y muy localizados'. Es la clásica ingeniería política de intentar tapar una inundación con una servilleta de papel. Mientras la tensión social se disparó el pasado fin de semana, el Gobierno nos vende que hay 'consenso con los alcaldes'. Claro, el consenso es más fácil de alcanzar cuando la alternativa es ver cómo vuela el mobiliario urbano por los aires. Al final, la receta es la de siempre: en lugar de bajar al sótano a ver por qué saltan los plomos, prefieren prohibir que alguien toque el interruptor. Lecornu ha dejado la puerta abierta para que cualquier alcalde que tenga miedo pida el cierre perimetral de su pueblo. Es el modelo 'autoservicio' de la seguridad ciudadana: tú eliges cuánto quieres restringir la libertad de tus vecinos para que el Gobierno pueda decir que tiene la situación bajo control mientras el país sigue hirviendo a fuego lento.
Nacionalidad exprés: bisabuelos y 'pósits' olvidados
Hay quien dice que la ley es el marco del juego, pero en el Consulado de España en México parece que juegan al Monopoly con el dinero y el prestigio público. El 14 de mayo de 2025, el Gobierno le regaló el pasaporte español a Felipe Salvador Ruiz de Velasco, un caballero de 93 años que tiene la ascendencia española tan lejana como un recuerdo de primaria. El señor no tiene padres ni abuelos españoles; su único vínculo es un bisabuelo, Tomás Ruiz de Velasco Saínz de Baranda, que pasó a mejor vida en 1889. Sí, han leído bien: el bisabuelo murió casi medio siglo antes de que empezara la Guerra Civil. Intentar colar a un bisabuelo del siglo XIX en la Ley de Memoria Democrática es como intentar pagar el alquiler con cupones de descuento caducados desde los años 80. La ley es para hijos y nietos de exiliados, no para quien tenga un ancestro que haya visto nacer a la Restauración borbónica. Lo más surrealista es que un funcionario del consulado dejó un 'pósit' —el grito de auxilio analógico de la burocracia— advirtiendo: «¡Ojo no le corresponde! Cancelar próximamente». Pero en este tablero, el 'pósit' no pesa más que la palabra del jefe. La orden llegó directa del embajador Juan Duarte, un personaje que, además de este 'estirón' administrativo, colecciona denuncias por acoso laboral. Este caso no es un desliz, es un sistema. Tenemos a Juan G., nacionalizado el 9 de junio de 2023, un 'alto cargo' amigo del cónsul que entró en el censo justo antes del 23-J sin papeles que acreditar su origen. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un certificado, aquí se reparten nacionalidades como si fueran caramelos en una fiesta infantil. Con 2,4 millones de solicitudes sobre la mesa y una interpretación elástica firmada por Sofía Puente, la ley de nietos se ha convertido en un coladero donde la memoria democrática se confunde con la conveniencia electoral.
Renfe: Entre 'el chalecazo' y viajes VIP
Hay una receta clásica para el desastre corporativo: un jefe que llega con aires de salvador, llama 'puta' a su propia casa y luego se sorprende de que los empleados no le inviten a las cañas. Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, decidió que la mejor forma de 'profesionalizar' la compañía era soltar un diagnóstico demoledor a principios de 2025 ante el órgano mixto con la Generalitat de Cataluña. Según Heredia, en Renfe reina la 'dejadez' y una 'cultura de incumplimiento'. Básicamente, dice que la empresa funciona con la misma eficiencia que un mando a distancia sin pilas. Mientras el usuario medio lucha contra retrasos que parecen eternos, la cúpula se dedica a la gimnasia organizativa. El 2 de junio, Heredia ejecutó una reorganización de su Gabinete de Presidencia que los internos califican de 'barbaridad'. Es como intentar arreglar una gotera moviendo los muebles de sitio. Pero el surrealismo alcanzó su pico en enero de 2026 con 'el chalecazo': los maquinistas de Rodalies, hartos de que la gestión fuera tan deficiente como el material móvil, lanzaron sus chalecos a los pies del presidente tras el trágico accidente en Gelida que dejó dos muertos. Un gesto lapidario que dice más que cualquier PowerPoint. La hipocresía se sirve fría. Mientras el Sindicato de Maquinistas Semaf convoca una huelga para el 29 de octubre denunciando un bloqueo administrativo en seguridad ferroviaria, Heredia se escapaba a Japón con su número dos. El destino no es casual: asistieron a un evento de la IHRA, donde Hitachi —que compite por una licitación de 4.000 millones de euros para nuevos trenes— es protagonista. Mientras en Valencia los maquinistas piden parar los trenes por lluvias y Renfe los tacha de 'arbitrarios', el presidente prefiere mirar el modelo nipón. Quizás es que en Japón los chalecos no vuelan.
Puertas giratorias y contratos 'a dedo' valencianos
Hay quienes necesitan años de estudio y noches en vela para montar un negocio, y luego está Carles Arques. El exdirigente del PSPV ha descubierto el secreto del éxito emprendedor: que tus antiguos colegas sigan mandando. Su empresa, EU Local Affairs SL (que se vende con el nombre más aséptico posible, Euromunicipal), nació el 28 de octubre del año pasado y, en lugar de pasar por el valle de lágrimas del emprendimiento, aterrizó directamente en el colchón de los fondos públicos. En menos de un año, se ha embolsado 229.240 euros. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio pelea con el banco por una hipoteca, Arques ha facturado el equivalente a varias casas sin despeinarse. La técnica es la vieja y confiable 'ingeniería del contrato menor'. Quince adjudicaciones directas entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026 repartidas en 14 municipios. El patrón es casi poético: once de esos contratos rozan los 14.000 euros, bailando justo debajo del límite legal de los 15.000 euros para evitar que alguien tenga que publicar un anuncio en el BOE y pedir presupuestos a otros. Es el arte de pasar desapercibido mientras se llena la cuenta. Desde los 9.680 euros de Aldaya (bajo el mando de Guillermo Luján) hasta los 17.850 euros de Puebla de Vallbona, firmados justo antes de que el PP tomara el mando con Jaime Ruix, el mapa de clientes parece el directorio telefónico del socialismo valenciano. Incluso Alcácer, gobernado por el PP, entró al trapo con dos contratos que suman 35.332 euros por la misma 'Agenda Urbana', un movimiento que huele a fraccionamiento de contrato desde aquí. Arques, que ya fue asesor en la Delegación del Gobierno y en la Diputación de Valencia bajo Bartolomé Nofuentes, ha pasado de gestionar los fondos europeos a cobrar por decir cómo gestionarlos. Una transición profesional tan fluida que asusta.
Mínguez dimite: rentistas en casa, discursos fuera
Hay una danza muy particular en las altas esferas de la política: mientras el discurso oficial se ensaña con los rentistas, en el salón de casa se gestionan holdings que harían palidecer a cualquier inversor de Wall Street. Montse Mínguez, la ex portavoz del PSOE, ha decidido hacer un 'paso atrás' —traducción: salir por la puerta de atrás— tras descubrirse que su pareja, Sergi Vélez, tiene una relación muy creativa con el concepto de 'colaboración ciudadana'. Resulta que el fisco de Andorra le envió diez notificaciones. Diez. Para quien no sepa leer el lenguaje de la administración, ignorar diez avisos no es un despiste, es un deporte de riesgo. El asunto es sencillo: la Secretaría de Estado de Asuntos Financieros Internacionales buscaba datos sobre el padre de Vélez, José Luis Vélez Burrell, un promotor inmobiliario nacido en Lérida en 1952 que se nacionalizó andorrano en 2013. El señor falleció en un accidente cerca de Lisboa dos años antes del edicto, pero sus cuentas dejaron un rastro que el Estado español quería seguir por un presunto delito tributario. La hipocresía tiene un precio exacto. Mientras Mínguez predicaba austeridad, su pareja controlaba un holding con 30 inmuebles en España y unos ingresos declarados de 1,3 millones de euros el año pasado. Y para rematar el cuadro, el Ayuntamiento de Lérida le perdonó una deuda de 300.000 euros justo cuando Mínguez era concejal de Economía. Un sablazo al erario público que se gestionó con la naturalidad de quien pide un café. El Gobierno de Andorra tuvo que publicar un edicto el 1 de octubre de 2020 en el BOPA porque Sergi Vélez y su hermana Núria jugaban al escondite con la ley. Al final, Mínguez dimite diciendo que es 'lo mejor para el proyecto colectivo'. Claro, porque el proyecto colectivo no encaja bien con los paraísos fiscales y los perdones millonarios.
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