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Medio millón de euros. Para quien lo mire desde el despacho, 500.000 euros suenan a cifra rotunda, casi heroica. Pero bajémoslo al suelo, a la acera donde los cristales siguen crujiendo. Repartir ese botín entre una treintena de establecimientos es como intentar tapar una inundación en el salón con un par de bayetas viejas: un gesto noble, sí, pero que deja el suelo empapado. El sábado pasado, Barcelona decidió jugar a la ruleta rusa con el orden público. El resultado: 130 detenidos, con la inquietante precisión de que más de la mitad son menores de edad. Adolescentes que, probablemente, creen que romper un escaparate es un acto revolucionario y no un problema de gestión de ira. Mientras tanto, el alcalde Jaume Collboni y la teniente de alcalde Raquel Gil se reunieron este lunes con los damnificados para venderles el 'plan de rescate'. La jugada es clásica. El Ayuntamiento activa un fondo municipal para cubrir lo que los seguros —esos que te cobran la póliza como si fuera oro líquido pero luego te ponen pegas por cada tornillo— decidan no pagar. Raquel Gil ofrece el apoyo de Barcelona Activa para las denuncias, como quien te ofrece un vaso de agua mientras tu casa se quema. En la mesa de negociaciones no faltaron los peces gordos ni los pequeños: desde El Corte Inglés hasta los floristas de la Rambla, pasando por Barcelona Oberta y BarnaCentre. También se colaron Albert Dalmau y Miquel Sàmper, los consellers de Presidencia y de Empresa y Trabajo, para dar el sello institucional al evento. Prometen reforzar alertas y seguimiento judicial, palabras elegantes para decir que ahora toca esperar a que los juzgados decidan si esos 130 detenidos podrán pagar algún cristal en los próximos diez años.
Hay quien dice que la burocracia es un muro infranqueable, pero para Felipe Salvador Ruiz de Velasco, de 93 años, resultó ser una alfombra roja. El señor Felipe, nacido en México en 1933, ha logrado colarse en el club de la nacionalidad española usando una técnica de 'ingeniería genealógica' digna de premio. El truco consistió en invocar a su bisabuelo, Tomás Ruiz de Velasco Sáinz de Baranda, un señor que nació en Burgos en 1821 y pasó a mejor vida en México en 1889. Sí, leen bien: 1889. El problema es que la Ley de Memoria Democrática está diseñada para quienes huyeron del horror entre 1936 y 1955, no para quienes emigraron cuando Fernando VII aún era noticia. Es como intentar entrar en un descuento para jubilados presentando el carnet de identidad de un tatarabuelo. Lo verdaderamente fascinante no es el descuido, sino el 'efecto dominó'. Una vez que el Ejecutivo de Pedro Sánchez le dio el visto bueno, el pasaporte español se convirtió en un paquete familiar. Tres hijos y dos nietos han solicitado la ciudadanía automáticamente. En el Consulado de España en México, el proceso es tan fluido que parece un autoservicio: si el abuelo tiene el papel, los descendientes entran sin que nadie revise si el expediente matriz era un delirio jurídico. Incluso hubo un funcionario con sentido común que pegó una nota manuscrita gritando: «¡Ojo! No le corresponde. Cancelar próximamente». Pero la orden del embajador, Juan Duarte, fue clara: adelante. Todo esto se apoya en la instrucción del 25 de octubre de 2022 de Sofía Puente Santiago, que convirtió la ley en un buffet libre de nacionalidades. Con más de 2,4 millones de solicitudes acumuladas, el sistema ha decidido que verificar los datos es demasiado esfuerzo. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda, el 90% de los nacionalizados en México parecen estar surfeando una ola de laxitud administrativa donde el exilio es una sugerencia y no un requisito.
Hay quien hace currículums con cursos de Excel y quien, para salvar el cuello ante la Audiencia Nacional, recurre a vacas tecnológicas en Lérida. Laura y Alba Rodríguez Espinosa, las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, están en modo 'operación rescate' documental. El objetivo es simple: demostrar que su agencia, Whathefav, no era un mero buzón para mover fondos del entorno paterno, sino una empresa con clientes reales. Y para ello, su gran baza es un vídeo de cuatro minutos y medio sobre la Granja Sant Jaume en Vilasana. Imaginen la escena: drones sobrevolando bovinos y paneles solares de Huawei para que las vacas no dependan del gasóleo. Un proyecto energético con 460 kilovatios de potencia y baterías de 600 kilovatios hora, donde participaron Green Power, Amara NZero y Soluxions. Un despliegue técnico envidiable para justificar que alguien estuvo allí grabando. El problema es que, mientras el vídeo de las vacas es tangible, otras facturas huelen a cerrado. La UDEF no compra la historia. Los números son los que gritan: 239.755 euros cobrados a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez (el presunto 'hombre de confianza' de Zapatero), por conceptos tan vagos que parecen escritos con una servilleta: 'servicios de agencia'. Pero el verdadero sablazo llega con Inteligencia Prospectiva, vinculada a los venezolanos Domingo Arnaldo y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, que soltaron 561.440 euros. ¿El motivo? Una web y un vídeo. Para que alguien cobre más de medio millón de euros por una página web, el programador tendría que haber descubierto la cura del cáncer en el código fuente. Ahora, con la cita del 30 de noviembre en el calendario y el abogado Víctor Moreno Catena al mando, las hermanas buscan en sus archivos cualquier rastro de trabajo real —desde videojuegos hasta consultoría— para evitar que la justicia concluya que su agencia era, básicamente, una ingeniería financiera con nombre moderno.
En Ferraz han empezado a sudar frío. No es el calor del sur, sino el pánico a que el 29-N les hagan un agujero en el presupuesto electoral que no podrán tapar con maquillaje político. El PSOE está jugando al Tetris con los votos de izquierda, intentando que el Frente Amplio y los de Ada Colau no les estorben en el camino, mientras negocian en las sombras como quien intenta vender un coche sin ITV. Pero el verdadero dolor de muelas se llama Adelante Andalucía. Para los socialistas, que Adelante Andalucía crezca no es solo una molestia; es un sablazo en la factura de escaños. No temen que les roben el trono, sino que les quiten esos votos 'migaja' que, por la ley d’Hondt, son la diferencia entre ganar un asiento o quedarse mirando desde la barrera mientras el PP se ríe. José Ignacio García y su equipo, que presumen de ser 'caras nuevas' y no políticos de carrera —esos que saltan de cargo en cargo como quien cambia de camisa—, aspiran a tres escaños en una región de 60. La matemática del susto es clara. En 2023, Pilar González apenas arañó 9.064 votos (un 1,4%), una cifra que hoy parece un mal recuerdo. Pero el salto en las autonómicas fue un golpe bajo: pasaron de 168.960 a 401.732 votos, disparando su cuota del 4,6% al 9,6%. Ahora, el 'CIS andaluz' de la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra) les pone el listón en un 12,5% y hasta 10 escaños. Mientras María Jesús Montero ve cómo su apoyo se desinfla como un globo pinchado, los andalucistas se plantan como la fuerza 'a la izquierda del PSOE', convencidos de que el voto de castigo ya no busca refugio en Madrid, sino que se queda en casa.
En el tablero del poder madrileño, las piezas se mueven con la precisión de un reloj suizo y la ética de un casino clandestino. Francisco Martín ha decidido hacer las maletas cinco semanas antes de las generales, alegando que 'no se daban las condiciones'. Traducción: se ha quedado fuera de las listas del PSOE para el 29-N y, sin el escudo del aforamiento, prefiere no estar en primera línea mientras Vox prepara una querella por la acampada de Sol y la Audiencia Nacional husmea en Bancal de Rosal, esa asociación que financió las primarias de Sánchez en 2017. Pero el verdadero espectáculo comienza con el ascenso de Pilar Trinidad. Nombrada subdelegada el 11 de enero, Trinidad no es una desconocida en el ecosistema de Begoña Gómez. Ambas coincidieron en diciembre de 2019 en un evento del Organismo Internacional de la Juventud (OIJ) sobre cambio climático. Para el ciudadano medio, esto suena a altruismo; para el que sabe leer entre líneas, fue el puente perfecto para que la esposa del presidente expandiera sus negocios internacionales y sus cursos de sostenibilidad. Si eso no fuera suficiente, el rastro del dinero nos lleva a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Mientras nosotros contamos los céntimos para llegar a fin de mes, Trinidad estuvo vinculada a una adjudicación de 4 millones de euros para el empresario Juan Carlos Barrabés. Un sablazo considerable que salió de un fondo europeo de 12 millones gestionado por la Asociación del Deporte Español (Adesp). Lo más curioso es que la licitación se lanzó entre el 21 y el 31 de diciembre de 2023, justo cuando el país estaba distraído con el pavo y el turrón. Una ingeniería financiera diseñada a medida para el amigo de Begoña, quien, por cierto, acaba de librarse del banquillo donde sí se sentará la mujer del presidente el próximo 21 de septiembre por tráfico de influencias y malversación.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, el Gobierno ha decidido que la prioridad nacional es el papel. Concretamente, sobres. Un millón y medio de euros en un 'contrato de emergencia' —esa palabra favorita de la administración para saltarse los trámites lentos— solo para enviar papelería al extranjero. El destino estrella es Argentina, donde planean soltar 550.000 sobres. Es una generosidad conmovedora si recordamos que en 2023 solo votaron 25.879 personas, un ridículo 8,50%. Pasar de 304.168 inscritos a una previsión de 524.852 para 2026 es un salto optimista que haría palidecer a cualquier analista financiero. Pero el verdadero sablazo viene después. Siete millones de euros más para alquilar lectores de DNI digital, porque aparentemente leer un código QR es una tecnología aeroespacial que requiere una inversión millonaria del Ministerio del Interior. Todo esto ocurre bajo la sombra de la 'ley de nietos' y la instrucción de Sofía Puente, un movimiento que ya ha puesto nerviosos al Tribunal Supremo y a colectivos como Iustitia Europea y Vox. El contraste es delicioso: por un lado, la Junta Electoral Central y el Partido Popular exigen garantías blindadas para evitar la 'ingeniería electoral'; por otro, el Gobierno activa la maquinaria para que los 2.769.645 ciudadanos del CERA —superando los 2.325.310 de 2023— participen el 29 de noviembre. Al final, nos venden una fiesta democrática global, pero la factura la pagamos nosotros, los que no tenemos un nieto en Buenos Aires pero sí un recibo de la luz que no deja dormir.
Hay momentos en los que la realidad parece un mal guion de comedia negra. Imagínense la escena: la noche del 29 de julio, el teniente coronel Miguel Lobo ve seis barcos de la Marina de Marruecos —dos patrulleras, dos interceptores y dos menores— paseándose por el límite del mar territorial. Es como ver a seis tipos con casco y botas mirando tu jardín desde la acera y pensar: 'Seguro que vienen a ayudarme a podar el césped'. Lobo avisó a Miguel Ángel Pérez Triano, el entonces delegado del Gobierno, pero el aviso cayó en un saco roto de silencio institucional. Cuando el 30 y 31 de julio estalló la entrada masiva, la gestión fue un festival del caos. Mientras en el Gobierno hablaban de 'hechos puntuales', la Armada tuvo que enviar una fragata para que los vecinos no se sintieran demasiado cómodos en nuestras aguas. Pero lo más surrealista ocurrió en la playa del Tarajal. Un vídeo captó a Lobo y al exinspector Lorenzo Juan Fages discutiendo por una puerta. La 'famosa puerta', que según Lobo siempre está abierta, se convirtió en el centro de una pelea de patio de colegio mientras miles de personas llegaban a la costa. Lobo decidió mantenerla abierta para evitar un tapón humano y muertes por ahogamiento, asumiendo él el marrón porque, según declara ante la juez María Tardón, no recibió ni una sola instrucción de arriba. Ni una. El exdelegado Pérez Triano se limitó a sorprenderse cuando le avisaron de que la Policía Nacional había disparado al aire. Una gestión basada en la improvisación y el 'ya veremos', mientras el Ministerio de Defensa ahora tiene que explicarle a la Audiencia Nacional qué hacían esos buques allí. Al final, el coste de este 'malentendido' no se mide en euros, sino en una vulnerabilidad expuesta que hace que la seguridad nacional parezca gestionada por un grupo de WhatsApp con el modo avión activado.
Hay una mística casi religiosa en el lenguaje político: esa capacidad de pedir sacrificios ajenos mientras se acomodan los cojines del propio sofá. Juan Espadas, portavoz del PSOE en el Senado, se ha puesto la capa de salvador social el pasado 29 de septiembre, soltando que la propiedad privada debe cumplir una 'función social'. Una frase preciosa, de esas que quedan muy bien en los comunicados oficiales, pero que suena a chiste de mal gusto cuando revisas el inventario de su despensa inmobiliaria. Según el documento registrado en el Senado el 24 de julio de 2026, el senador no se anda con chiquitas. Tiene cuatro viviendas: tres en Sevilla y una en Cádiz. Mientras la generación Z intenta alquilar un zulo compartiendo baño con tres desconocidos, Espadas ha ido coleccionando llaves desde 1993, cuando compró la primera en Sevilla, seguida de otra en 1997 en la misma ciudad y una tercera en Cádiz en 2010. La cuarta, una herencia de 2020 en Sevilla, llegó para cerrar el póker. Porque claro, la 'función social' es un concepto elástico que se estira según quién sostenga la escritura. Pero el lujo no se queda en los ladrillos. El senador se desplaza en un BMW 530 del año 2024, un coche que probablemente tiene más tecnología que el sistema de gestión de alquileres de media ciudad. Y para que no haya sustos en el retiro, ha blindado su futuro con casi 100.000 euros en planes de pensiones: 56.604 euros en un plan general, 34.959 euros en el Plan Universal de la Abogacía y otros 7.171 euros del propio Senado. En el balance final, solo queda una deuda hipotecaria por la casa de Cádiz (comprada por 260.000 euros), de la cual solo debe 23.459 euros. Es la aritmética del poder: predicar la redistribución desde la comodidad de un patrimonio diversificado y un coche de gama alta.
El Ministerio del Interior ha decidido combatir la violencia callejera con la sutileza de un bote de spray pimienta. Fernando Grande-Marlaska, en un alarde de generosidad táctica, ha dotado a los agentes de los modelos RASS Stream 88 MK3 y MK9. Para el policía que está en el ojo del huracán, esto es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua: el aparato solo alcanza a una persona y exige una distancia de tres metros. Básicamente, el agente debe sacar una cinta métrica mientras recibe un botellazo para asegurarse de que no infringe el protocolo. La realidad en la calle es un catálogo de agresiones. En las últimas semanas, una treintena de policías han acabado heridos. El pasado 4 de octubre en Valencia, 9 antidisturbios fueron el blanco de radicales por la vivienda; el 12 de octubre en Sol, una turba pateó a un agente hasta que sus compañeros lo rescataron. Y el colofón llegó el sábado en Barcelona, con 15 heridos, cuatro de ellos graves, en disturbios orquestados por la plataforma anónima Blocus. Mientras tanto, el Gobierno despliega la misma 'estratégia' en Ceuta con los militares. Es una gestión que huele a parche barato. El Sindicato Unificado de Policía (SUP), con Ana María Alarcón a la cabeza, no oculta su escepticismo. No piden milagros, sino medios operativos reales y que el miedo a un expediente disciplinario no paralice al agente. Resulta paradójico que, con España en nivel 4 de alerta antiterrorista y el Ministerio advirtiendo de atentados yihadistas el viernes pasado, la respuesta sea un spray que, si sopla el viento, puede dejar al propio policía cegado. El protocolo del 19 de octubre, firmado por José Luis Santafé, parece escrito en un despacho con aire acondicionado, muy lejos de los 76 menores que, de los 130 detenidos en Barcelona, demostraron que la Ley Orgánica 5/2000 se ha quedado corta frente a la planificación del crimen organizado.
Hay una línea muy fina entre enseñar pensamiento crítico y convertir el aula en el despacho de marketing de un sindicato. En la Comunidad de Madrid, algunos docentes han decidido que los servicios mínimos —esos que deberían servir para que los chavales no se quemen el instituto mientras los adultos pelean— son el escenario ideal para un 'pitch' de ventas ideológico. Imagínate la escena: el profesor, en lugar de repasar el álgebra, proyecta un PowerPoint de 21 diapositivas titulado «¿Qué ha estado haciendo vuestrx profe cuando estaba de HUELGA?». Básicamente, un álbum de vacaciones políticas con fotos de piquetes y cortes de tráfico en Gran Vía y Cibeles. Lo más surrealista no es el intento de 'remover conciencias' usando el tiempo pagado por el contribuyente, sino el despliegue comercial. A los alumnos, menores de edad, se les invita a seguir cuentas de TikTok y, ojo al dato, a comprar merchandising para alimentar la 'caja de resistencia'. Es como si el profesor de historia, entre ecuación y ecuación, te intentara encasquetar una camiseta del equipo rival para pagar la cuota del club. Todo esto mientras la Ley Orgánica del Derecho a la Educación pide a gritos una 'neutralidad ideológica' que aquí ha pasado más desapercibida que un lunes de dieta. Los datos no mienten: la huelga, que arrancó el 14 de octubre, se apoya en gráficas de 'Menos Lectivas' y el respaldo de CCOO, UGT, CGT, STEM, CNT y Solidaridad Obrera. Mientras tanto, la consejera Mercedes Zarzalejo es presentada como la 'jefa' malvada en un vídeo, y los servicios mínimos —regulados por la Orden 4252/2026 del 9 de octubre— se reducen a un 'modo guardería' donde no se avanza materia. Un profesor por cada 90 alumnos de ESO es la cifra oficial, pero parece que el ratio de adoctrinamiento es mucho más eficiente.
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Xavier Domínguez