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El Gobierno ha decidido jugar al Monopoly con la salud pública lanzando la propuesta de prohibir fumar en las terrazas justo ahora, que el país está a reventar de turistas. José Luis Álvarez Almeida, el presidente de Hostelería de España, no se ha guardado nada en COPE: ha calificado la medida como la 'canción del verano', esa melodía pegajosa y molesta que llega sin previo aviso y sin que nadie la haya pedido. La lógica es tan simple como un tique de cafetería: si echas al fumador de la mesa, el sujeto no dejará de fumar por arte de magia, sino que se mudará al portal del vecino o al soportal más cercano. En Asturias, con un clima que te obliga a buscar refugio hasta debajo de una piedra, el problema pasará de ser una molestia de terraza a una guerra civil en los rellanos. Mientras el Estado se siente virtuoso prohibiendo, ignora que España se quedaría como la oveja negra del turismo europeo, siendo el único gran destino junto a Suecia en aplicar este cepo. Con la previsión de recibir a 100 millones de turistas este año, el sector siente que el Gobierno ha elegido el camino más corto: prohibir en lugar de educar. Es el clásico movimiento de quien quiere limpiar la casa echando la basura al pasillo del vecino. Álvarez Almeida recuerda que la hostelería no es un hobby, sino un motor que sostiene el 7% del PIB y genera 2 millones de puestos de trabajo. Pedir respeto no es un capricho, es una necesidad cuando te intentan dinamitar la convivencia en plena temporada alta sin haber movido un dedo en campañas de sensibilización previas.
Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, en las altas esferas el dinero fluye con una elasticidad envidiable. La Audiencia Nacional ha vuelto a encender la luz sobre el rescate de Plus Ultra, y el escenario es el clásico juego de sillas donde nadie quiere sentarse. Julito, el testigo que no deja de soltar lastre ante el juez José Luis Calama, ha vuelto a poner el dedo en la llaga: José Luis Rodríguez Zapatero habría sido el lubricante social para que un préstamo de 53 millones de euros aterrizara en las cuentas de la aerolínea. Lo fascinante es la coreografía del poder. El 7 de septiembre de 2020, José Luis Escrivá —actual gobernador del Banco de España y entonces ministro de Seguridad Social— se sentó con Zapatero. Seis días después de que la compañía pidiera el rescate a la SEPI, ocurrió el milagro: la Seguridad Social decidió que la deuda de Plus Ultra podía esperar. Escrivá dice que no habló de aviones con el expresidente, pero que es 'compatible' que la empresa estuviera al día sin haber pagado. Una gimnasia mental digna de un circo romano. Pero el hambre de influencias no paró ahí. Los implicados buscaban desesperadamente a José Luis Ábalos, el jefe de los cielos, o en su defecto, a su 'mano derecha', Koldo García. Mientras tanto, Nadia Calviño y María Jesús Montero cocinaban el Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, aprobado el 21 de julio de 2020. Un mecanismo diseñado a medida para que los fondos llegaran a destino. La portavoz Elma Saiz se ha limitado a recitar el manual de instrucciones, asegurando que todo fue 'correcto' porque pasó por la SEPI, el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea. Claro, porque cuando el papel dice que todo está bien, la realidad es solo un detalle irrelevante.
En el manual de cortesía del Gobierno, parece que hay páginas que algunos medios simplemente no pueden leer. Elma Saiz, al mando del Ministerio de Seguridad Social, ha ejecutado una coreografía financiera donde la equidad es un concepto abstracto. Mientras el presupuesto de publicidad institucional fluye como un río caudaloso hacia los amigos de siempre, para OKDIARIO el grifo ha estado prácticamente cerrado. Hablamos de un reparto de 1,98 millones de euros en los últimos cinco años destinados a medios digitales, de los cuales este diario —que se pasea por el quinto puesto de lectura en España— solo ha visto 5.906 euros con IVA. Para que nos entendamos: es el 0,3% del total. Es como si el Gobierno organizara una cena para todo el barrio y a ti te dejaran solo una aceituna y un sorbo de agua. La ingeniería del desplante es quirúrgica. En 2022, entre campañas sobre el Ingreso Mínimo Vital y pensiones, se movieron millones; para OKDIARIO, el resultado fue un redondeo a cero. En 2023, hubo una pequeña distracción y soltaron los citados 5.906 euros en una campaña de autónomos, pero fue un desliz administrativo. En 2024, con la promoción de la función pública, volvimos al desierto: cero euros. Y ya llegamos a 2025, el año del silencio absoluto. A pesar de que el Ministerio gastó 1,5 millones en el Ingreso Mínimo Vital, destinando 337.656 euros a digitales, OKDIARIO volvió a quedar fuera de la lista de invitados. Mientras tanto, el Grupo Prisa se paseaba con más de 12 millones de euros en el bolsillo. Que la publicidad institucional sirva para informar sobre pensiones es la excusa oficial; que se use como un club privado de recompensas es la realidad de la calle.
Hay ocurrencias que tienen la misma profundidad que un charco en agosto. En 2010, mientras el mundo miraba cómo España levantaba la Copa del Mundo, José Luis Zapatero decidió que llamar al equipo 'España' era demasiado simple y nos coló el eslogan de «la Roja». Un movimiento de ingeniería social que, visto hoy, tiene el mismo aroma que un contrato de obra pública con sobrecoste: huele a intención oculta. El expresidente, amigo íntimo de figuras como el sátrapa Maduro y experto en el arte de la ambigüedad financiera, no buscaba un apodo futbolístico, sino blanquear su propia 'rojez' ideológica infiltrándola en el sentimiento más masivo del país. Un intento de tinto sobre mantel blanco que resultó ser un robo lingüístico, considerando que en Chile ya llamaban así a su selección desde hace décadas. Pero aquí entra la magia de la calle. Mientras los despachos y los eslóganes comerciales se empeñaban en mantener vivo el artificio, el ciudadano de a pie —el que paga el IVA y sufre la inflación— pasó olímpicamente del invento. La gente no grita «la Roja» cuando el balón entra en la red; grita «España» con la fuerza de quien se sacude el polvo de los zapatos. El 21 de julio de 2026 nos deja la lección de que el marketing político tiene fecha de caducidad muy corta cuando choca con la naturaleza humana. El legado de cartón piedra de Zapatero se desmorona porque, al final, el orgullo nacional no se puede comprar con un eslogan ni manipular con una metáfora de salón. La indiferencia colectiva ha sido el mejor gol de la jornada, dejando el proyecto de 'perversión lingüística' del exmandatario en el banquillo del olvido.
Hay silencios que gritan más que una grada en el minuto 90. Mientras medio país celebraba la final del Mundial el 20 de julio de 2026, en el País Vasco y Navarra algunos decidieron que la mejor forma de festejar el fútbol era a base de golpes y capuchas. En Bilbao, unos radicales armados intentaron tumbar una pantalla gigante instalada por el PP; un gesto tan sutil como intentar arreglar un reloj con un mazo. El alcalde Juan Mari Aburto, del PNV, dice sentir «vergüenza ajena», aunque la vergüenza real es que el civismo se haya convertido en un artículo de lujo que solo aparece en los discursos oficiales. La cosa se puso fea en Berriozar, donde unos veinte encapuchados asaltaron la terraza de un bar, transformando una tarde de cañas y goles en una sala de urgencias. En Vitoria, la historia se repitió: treinta radicales decidieron que llevar la camiseta de la selección era un delito grave, agrediendo a dos jóvenes. Lo curioso es que, mientras los heridos contaban sus golpes, el Gobierno de Pedro Sánchez aplicó la técnica del avestruz. Ni un tuit, ni una nota, ni un suspiro en redes sociales. Alma Ezcurra, del PP, no ha tenido tacto al llamar a estos sujetos «cachorros borrokas» de Bildu, recordando que son precisamente los socios que mantienen la silla del presidente en la Moncloa y a quienes se les regaló la alcaldía de Pamplona. El ministro Óscar Puerte, apodado el «tuitero», parece haber perdido la señal de wifi justo cuando tocaba levantar la alerta antifascista. Al final, Vox y José Antonio Fúster prometen denuncias, pero la pregunta queda flotando en el aire: ¿desde cuándo llevar una bandera es un deporte de riesgo en la España 'normalizada'?
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del Palacio de la Moncloa: la de intentar vender un 'chapuzón' financiero como una obra de ingeniería técnica. El rescate de Plus Ultra, ese crédito que los dueños celebraban con champán el 26 de febrero de 2021 —dos semanas antes de que el Consejo de Ministros del 9 de marzo lo aprobara oficialmente—, huele a despacho cerrado y comisión oculta. Mientras el ciudadano medio se pelea con la declaración de la renta, resulta que José Luis Rodríguez Zapatero habría cobrado un 1% de comisión, disfrazado de 'asesoramiento' a través de su empresa Análisis Relevante. Un detalle exquisito que su propio confidente, Julio Martínez Martínez, ha soltado ante el juez José Luis Calama. En la rueda de prensa, Elma Saiz se limitó a leer un manual de instrucciones para evitar la verdad. Intentó blindar el proceso citando a la Comisión Europea y al Tribunal de Cuentas, pero cometió el pecado de la imprecisión: la UE avaló el Fondo de Apoyo, no el cheque específico para Plus Ultra. Es como decir que el Ayuntamiento aprueba el presupuesto de parques para justificar que alguien se haya quedado con el dinero de los columpios. Lo más fascinante es el 'olvido' sobre los 450.000 euros de deuda con la Seguridad Social que la aerolínea logró aplazar justo después de que Zapatero y José Luis Escrivá se sentaran a comer. El Gobierno ahora pide que 'la Justicia haga su trabajo', la misma frase que usaron con Víctor de Aldama antes de que el exministro José Luis Ábalos acabara con una condena de 24 años. Yolanda Díaz, mientras tanto, hace malabares: pide explicaciones a Zapatero pero se niega a decir si Sumar ha cuestionao el acta del Consejo donde ella misma firmó el rescate. Una coreografía de silencios donde la presunción de inocencia es la manta que todo lo cubre.
Hay quien dice que el honor militar es inquebrantable, pero resulta que para algunos es elástico, especialmente cuando hay ladrillos de por medio. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Valencia, que tenía la delicada tarea de ser interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica, decidió que los fondos públicos eran, en realidad, un fondo de inversión personal para mejorar su calidad de vida. Entre 2018 y 2022, el mando montó un sistema de ingeniería financiera que haría palidecer a cualquier banca privada: fraccionó facturas para saltarse los controles y adjudicó contratos a dedo, como quien elige el menú del día en su bar favorito. La cifra del 'agujero contable' asciende a más de 130.000 euros. Para el ciudadano medio, eso es una hipoteca o el sueño de un coche nuevo; para este entramado, fue la gasolina para alimentar una red de corrupción sistémica. La jueza de la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia no se ha dejado engañar por las galoneras. El esquema era sencillo: sobrecostes del 200% en obras públicas. Básicamente, cobraban el triple de lo que costaba el trabajo, o peor aún, facturaban fantasmas: obras que nunca se hicieron pero que en el papel lucían impecables. Lo más cínico llega con la logística inmobiliaria en Siete Aguas. Mientras el Estado pagaba las facturas, el teniente coronel veía cómo su patrimonio crecía gracias a que los mismos empresarios adjudicatarios le hacían las reformas en casa gratis. Todo adornado con una 'opacidad financiera' basada en el efectivo, ese dinero invisible que no deja rastro en el banco pero que levanta muros muy reales. Ahora, catorce investigados, incluido otro agente, se enfrentan a cargos de malversación, cohecho y grupo criminal. El honor, al final, tenía un precio: 130.000 euros y unas cuantas reformas integrales.
Cuando el barco se hunde, los primeros en saltar son los que llevan el mapa del tesoro. En la Audiencia Nacional se ha montado un 'club de arrepentidos' que hace que cualquier grupo de WhatsApp de barrio parezca una hermandad sagrada. Julio Martínez Martínez, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli han decidido que la mejor forma de salvar el cuello es lanzando un misil directo al despacho de José Luis Rodríguez Zapatero. La historia es la de siempre: un rescate de 53 millones de euros concedido por la SEPI en 2021 para que Plus Ultra no se desplomara en plena pandemia. Pero claro, el dinero público no se mueve solo; necesita un lubricante. Aquí entra en juego 'Julito' Martínez y su empresa, Análisis Relevante SL, que se plantaron allí para cobrar una comisión del 1%. Traducido al lenguaje de la calle: mientras el ciudadano medio contaba los céntimos para el café, se gestaba una 'mordida' de 530.000 euros que presuntamente terminó en el bolsillo del expresidente por hacer de puente dorado. El juez José Luis Calama tiene ahora sobre la mesa tres escritos que no dejan lugar a dudas sobre la ingeniería financiera: Zapatero no solo habría cobrado, sino que manejaba información privilegiada sobre el crédito, avisando a la aerolínea antes que nadie. Los imputados han copiado el manual de Víctor de Aldama: cantar todo lo que sepan a la Fiscalía Anticorrupción para evitar que la celda sea su nueva residencia. Incluso la propia compañía Plus Ultra, que hasta ahora miraba para otro lado, ha decidido que es momento de 'colaborar'. Al final, la solidaridad entre los peces gordos dura exactamente lo que tarda en llegar la primera citación judicial.
Hay quienes dicen que el amor de padre es infinito, pero el de Julio Martínez Martínez hacia José Luis Rodríguez Zapatero era, sobre todo, financiero. En una sesión de cuatro horas que pareció un interrogatorio de película de serie B, 'Julito' ha decidido que prefiere ser el soplón del juzgado que el rehén de la trama. Ante el juez José Luis Calama, el empresario ha admitido que Análisis Relevante SL no era más que un cascarón vacío, una de esas empresas que existen solo en el papel para que el dinero fluya sin hacer ruido hacia el entorno del expresidente. Mientras el ciudadano medio pelea con la inflación para que la lista de la compra no parezca un atraco, Zapatero y sus hijas manejaban una ingeniería financiera de manual. Las hijas, a través de Whathefav SL, cobraron cuantiosas sumas por 'maquetar' informes que, según Martínez, acabaron siendo simples folletos publicitarios. Un trabajo de diseño gráfico que pagaba mejor que cualquier agencia de Madison Avenue. El plato fuerte llegó con el rescate de Plus Ultra. El Gobierno soltó 53 millones de euros para salvar a la compañía, y por ese movimiento de piezas, Martínez suscribió un contrato para cobrar una comisión del 1%. Una 'mordida' que, aunque no detalló cómo se repartió, tenía el aroma inconfundible de la influencia política. Las cifras son concretas y cortan el aire: 490.780 euros directos al bolsillo de Zapatero y otros 239.755 euros para la mercantil de sus hijas. Con la complicidad de Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, el frente común de imputados ha decidido que la mejor defensa es un ataque coordinado hacia Moncloa. 'Julito' ya no quiere ser el escudo; ahora aspira a ser el próximo Víctor de Aldama: tirar de la manta, cantar todo lo que sabe y evitar que la celda sea su nuevo domicilio.
Imaginen el cuadro: el jefe del Ejecutivo español, acostumbrado a que el mundo gire en torno a su agenda, descubre que en el MetLife Stadium es básicamente un invitado de segunda. Mientras España se coronaba campeona del mundo este 20 de julio de 2026, a Pedro Sánchez le tuvieron que explicar, con la delicadeza de quien te dice que no hay más pan en la panadería, que no estaba invitado a la foto del trofeo. Un 'no' rotundo envuelto en papel de protocolo FIFA. El reparto de roles fue quirúrgico. La gloria estaba reservada para el Rey Felipe VI, Gianni Infantino y Donald Trump. Sánchez, que probablemente esperaba un protagonismo de primera línea, se quedó con el papel de espectador VIP sin funciones oficiales. Es como pagar la entrada más cara del concierto y que te digan que no puedes subir al escenario para el bis. La indignación en el Ejecutivo fue palpable, aunque el presidente decidió maquillar el desplante volando rápidamente a Argelia para 'normalizar' relaciones bilaterales, como quien huye de una fiesta donde le han dejado fuera de la lista de invitados. Pero lo mejor no fue el veto institucional, sino la banda sonora. Mientras saludaba a la Familia Real, el estadio se convirtió en un coro coordinado. No eran cánticos de ánimo, sino el clásico 'Pedro Sánchez, hijo de puta' resonando en Nueva York con la fuerza de un tsunami. Una sintonía que, curiosamente, viajó en avión y aterrizó en la Plaza de Cibeles, donde los aficionados celebraban la segunda estrella del fútbol español recordándole al presidente que, aunque él no estuviera en la foto de la Copa, el sentimiento de rechazo sí tenía un lugar reservado en el podio.
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Margarita Caballero